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Han pasado dos años desde el movimiento de los "pingüinos" y ha asumido recientemente un tercer titular de la cartera de Educación desde que se iniciara el actual gobierno. Entretanto, es cada día más evidente que para avanzar hacia una educación de calidad se requiere, entre otros aspectos, un nuevo diseño institucional, que establezca un nuevo equilibrio entre autonomía de los establecimientos y control de sus resultados académicos y financieros.

En la actualidad, ese balance es inadecuado: innecesariamente se resta autonomía a los colegios mediante controles que no logran los objetivos que debería perseguir el Estado, que son asegurar estándares mínimos de calidad y un resguardo razonable de la fe pública.

El acuerdo educacional firmado en noviembre pasado por el Gobierno y todos los partidos con representación parlamentaria es un gran avance al respecto. Por cierto, es un acuerdo que no satisface integralmente a todos, y de allí las presiones para reabrir esta discusión. Pero ése es un camino que la nueva autoridad de la cartera debería evitar, y tal es la recomendación que le habrían transmitido unánimemente los expertos que la nueva ministra convocó para asesorarla durante su gestión. La alternativa de abrir nuevamente el debate significaría abrazar una posición maximalista, carente de todo realismo político.

Por el contrario, es imperativo que el proyecto de Ley General de Educación, actualmente en trámite legislativo, sea complementado a la brevedad con la indicación sustitutiva del proyecto de Ley de Superintendencia. Dicha indicación, en línea con el acuerdo firmado por los partidos y el Gobierno, debe incluir la creación de una agencia de calidad que efectivamente oriente a los planteles hacia el logro de una educación de mayor calidad; que establezca los procedimientos que se aplicarán en caso de que ellos no alcancen los niveles exigidos, y que defina los mecanismos mediante los cuales rendirán cuenta de sus labores. El acuerdo también centra a la superintendencia principalmente en la labor de resguardar la fe pública por medio de procesos simples y transparentes.

Esta nueva arquitectura y las transformaciones internas que ella originará le darán al Ministerio de Educación una estructura más ágil, profesional y focalizada. Ello es un paso insustituible para abordar otros desafíos que difícilmente podrán traducirse en ley en los 20 meses que le restan al Gobierno, pero que deben abordarse con un sentido de Estado, para dejar establecidos lineamientos que puedan ser seguidos por futuros gobiernos. Uno de ellos se refiere a la forma más adecuada de estructurar la educación pública. Sin descartar la actual dependencia de los municipios, parece razonable estudiar y experimentar, de manera piloto, con formas alternativas de organización. Un cambio indispensable es el reemplazo del estatuto por una carrera docente que, por una parte, premie claramente los desempeños de los buenos profesores y permita proyectarse profesionalmente en este ámbito a los que han demostrado su compromiso con la profesión, y que, además, acabe con las rigideces salariales y laborales actuales.

Por cierto, este esfuerzo no valdrá de nada si no va acompañado de mayores exigencias al ingreso a esta profesión. Es indudable que las universidades nacionales no han demostrado tener las capacidades para formar bien a los docentes que educarán a nuestros niños y jóvenes. Se requiere, pues, estatuir sólidas prácticas que las presionen a reformar sus programas y cuerpos académicos. Al respecto, las opciones son variadas e incluyen exámenes de habilitación, ingresos congruos con la profesión docente y apertura a incorporar a nuestras aulas profesores de otros países o profesionales de otras disciplinas.