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Hacia mediados de la década de 1970 se comenzó a hablar en el mundo de un nuevo fenómeno conocido como estanflación, caracterizado por un bajísimo crecimiento y alta inflación. Las últimas cifras de la economía chilena -un Imacec de 0,7 por ciento en marzo y un IPC de 0,4 por ciento en abril, que aún sitúa la inflación anualizada por sobre ocho por ciento- son una invitación a recordar ese período. Pero no deberían ser más que eso. La economía chilena y también la mundial están lejos de repetir dicha experiencia. En nuestro país, por ejemplo, las cifras de crecimiento del empleo siguen siendo positivas. Así, el INE registra aumentos anualizados de esta variable cercanos a tres por ciento en las últimas mediciones, aunque la encuesta de empleo del Gran Santiago ha mostrado expansiones inferiores a 1,5 por ciento, que parecen insuficientes. El cuadro general sugiere, pues, una economía que se debilita, pero no estancada.

Con todo, las proyecciones de crecimiento seguramente se revisarán a la baja, de modo que, por ejemplo, el rango definido por el Banco Central en su informe de política monetaria de enero pasado, que alcanzaba entre 4,5 y 5,5 por ciento, deberá ser ajustado en el siguiente, que se dará a conocer la próxima semana. La información actualmente disponible sugiere un rango de crecimiento para 2008 de entre 3,5 y 4,5 por ciento. Este contexto influirá seguramente en la reunión de política monetaria de mañana, en la que el consejo del instituto emisor debe resolver sobre la tasa de instancia. A pesar del debilitamiento de la economía, siguen existiendo presiones inflacionarias que no podrán ser soslayadas en dicha reunión.

El menor crecimiento de la economía se explica por tres factores principales. En un primer grupo se encuentra el deterioro de las condiciones económicas mundiales, en particular de EE.UU., que ha afectado el dinamismo de algunas industrias específicas de nuestro país. Un segundo grupo de causas tiene relación con el aumento de los precios de la energía, la escasez de contratos nuevos de energía que obliga a comprar al precio "spot" y, en menor medida, la apreciación que ha experimentado el peso respecto de años anteriores. Sobre el primero de estos grupos, el país no tiene ningún control, aunque ha llevado adelante políticas -como las del balance estructural- que le permiten enfrentar en buen pie ese deterioro. Respecto del segundo grupo, Chile está pagando anteriores errores de política que sólo comenzarán a resolverse a partir del próximo año. En materia cambiaria no es mucho más lo que pueden hacer las autoridades económicas.

Sin embargo, detrás del debilitamiento de la economía hay un tercer grupo de factores que se vincula con un deterioro en su capacidad potencial de crecimiento. En particular, diversos estudios han sugerido una caída permanente en la tasa de expansión de la productividad. La única manera de corregir esta situación es por medio de reformas estructurales que eleven dicha tasa. Para estos efectos, la autoridad ha apuntado a investigación y desarrollo, pero empíricamente parecen ser más importantes las ganancias en eficiencia. Éstas podrían lograrse mediante una serie de iniciativas que, entre otras, incluyan privatización de empresas públicas, reducciones adicionales en aranceles, reformas laborales -en particular en el sistema de indemnizaciones- y reducciones de burocracia en la apertura y el cierre de empresas. Chile también se beneficiaría por mayores inversiones, las que podrían incentivarse con rebajas de tributos o créditos tributarios específicos.

Pero estas reformas no parecen tener el apoyo que debieran en un país como el nuestro, cuyo desarrollo e, incluso, sus niveles de igualdad dependen crucialmente de un crecimiento vigoroso.