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Por una mayoría superior al 85 por ciento, los ciudadanos de Santa Cruz aprobaron la propuesta autonómica de ese departamento boliviano, que representa alrededor de un tercio de la economía y cerca del 25 por ciento del territorio y de la población de Bolivia. Es una derrota para el Presidente Morales, que descalificó el proceso, aunque durante su campaña se pronunció a favor de mayor autonomía para los departamentos.

La consulta fue empañada por los intentos de partidarios del Mandatario de impedirla mediante la violencia. También los altos mandos militares se habían pronunciado en contra de ella. Eso contribuyó a una significativa abstención, que, sin embargo, no disminuye los alcances del acto. Más importante aún, tales resultados son un precedente para similares convocatorias de los departamentos de Beni, Tarija y Pando, y posiblemente en Chuquisaca y Cochabamba, tan rebeldes como Santa Cruz. El conjunto de estos departamentos representa el grueso de la economía y de la población de Bolivia.

Dicho referendo es una reacción contra el rígido centralismo de Bolivia, considerado el país menos descentralizado de Sudamérica. La reclamación autonómica no sólo obedece a motivos administrativos, sino que tiene dimensiones políticas. Es, también, una protesta frente al intento del Presidente Morales de aumentar el centralismo por la vía constitucional y de imponer un modelo socialista e indigenista, con una agenda fuertemente rechazada por muchos sectores, pero compartida, financiada y respaldada por el Presidente Chávez, de Venezuela.

Este arrollador apoyo a la autonomía obligará a un diálogo del gobierno con la oposición y, especialmente, con los prefectos, máximas autoridades administrativas de los departamentos. A todos debería interesarles la negociación. Al Presidente, para descomprimir las naturales presiones derivadas de su derrota y para evitar que se desencadene la inestabilidad, se agudice la violencia y se ponga en riesgo un término pacífico de su mandato. Y a los prefectos, para avanzar en el proceso de descentralización, así como en sus demandas contra inequidades en las asignaciones presupuestarias para obras y servicios esenciales dentro de sus jurisdicciones, para eliminar trabas burocráticas impuestas por las autoridades de la capital y para organizarse a fin de responder a las amenazas a la propiedad privada -en especial agrícolas- que promueve el gobierno central.

El expreso rechazo de los prefectos a iniciativas separatistas y el importante potencial de minerales e hidrocarburos no explotados son elementos que deberían favorecer un diálogo constructivo entre las partes. A instancias del canciller boliviano, la OEA ha manifestado su disposición para interceder en un diálogo nacional, pero las expresiones de sus representantes han sido acogidas con reserva por la oposición, que las ha interpretado como un respaldo al gobierno.

Chile, respetuoso de las decisiones internas de Bolivia, debería mantenerse al margen de estos acontecimientos. Una prudente distancia no significa desatender los programas de cooperación recíproca ni, menos, el necesario impulso a las obras de infraestructura para mejorar la integración física bilateral, hoy afectada por inoperantes redes ferroviarias y deficientes caminos.