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El Consejo Asesor sobre Trabajo y Equidad entregó su informe a la Presidenta de la República. Aunque su contenido no se conoce, han trascendido sus principales propuestas, que el ministro de Hacienda calificó como "modernas, novedosas y potentes". En la ceremonia de entrega del documento, el presidente de este consejo, el economista Patricio Meller, sostuvo que un aspecto en la lucha contra la desigualdad es que las personas tengan acceso a un empleo. Las cifras avalan sus dichos: la última encuesta Casen revela que en el 20 por ciento de los hogares de menores ingresos sólo 34 de cada 100 personas mayores de 15 años tienen un empleo, mientras en el 20 por ciento de mayores ingresos esta proporción llega a 68 por ciento -esto es, el doble-. Más grave aún es que estas brechas en las tasas de empleo serían mayores que hace una década.

En este sentido, es positivo que el consejo vincule con decisión la entrega de subsidios a los más pobres con el esfuerzo laboral de éstos. El esquema que se propondría es la entrega de un subsidio equivalente al 30 por ciento de su ingreso laboral bruto para todos aquellos con ingresos inferiores a 150 mil pesos. Si los ingresos son superiores a este monto, el subsidio se retiraría gradualmente, y sería cero cuando los ingresos laborales alcancen 300 mil pesos. El informe establecería, asimismo, que la parte mayoritaria de este subsidio se entregue directamente al trabajador, y otra parte a los empleadores, para incentivar la contratación de trabajadores menos calificados. La propuesta de vincular subsidios con empleo es un paso positivo en la política social, pues evita el asistencialismo y envía una señal poderosa de que, para acceder a apoyo estatal, las personas también tienen que asumir compromisos laborales.

Esta propuesta estaría bien complementada con otras que expandirían las oportunidades de capacitación para las personas adultas y jóvenes más vulnerables, que apoyarían la intermediación laboral de los desempleados, jóvenes y mujeres de menores recursos, y que compensarían a las empresas por los costos que significaría contratar mujeres en edad fértil. El consejo habría verificado también que las indemnizaciones son un instrumento que no protege adecuadamente a los trabajadores, y que ellas promueven una menor proporción de contratos indefinidos o contratos por períodos breves. Probablemente eso habría generado -aunque sin el suficiente consenso- una propuesta que busca perfeccionar el acceso al seguro de cesantía, crear una indemnización a todo evento y reducir las indemnizaciones a 15 días por año de servicio, con el actual tope de 11 meses. Deberá evaluarse con cuidado, pero todo sugiere que este esquema es superior al marco actual.

En negociación colectiva, el consejo no habría arribado a acuerdo respecto de cómo fortalecerla. En este ámbito, las diferencias de opinión parecen ser profundas, tanto respecto de sus efectos sobre trabajo como sobre equidad.

El Gobierno, que no parece tener una visión única en este asunto, tendrá una difícil tarea en definir su agenda y no dispone de mucho tiempo para impulsarla. Deberá, pues, promover aquellas materias en que el país pueda ponerse de acuerdo con más facilidad y que, como el mismo informe muestra, son más amplias que cuanto podría haberse anticipado. Eso significaría elegir sólo un número muy acotado de reformas a la negociación colectiva o, definitivamente, renunciar a cambios legislativos en este ámbito. La experiencia de otros países sugiere que es bueno que dichas reformas se impulsen sólo si existen altos grados de acuerdo, lo que no parece ocurrir en nuestro país. El informe, además, contiene propuestas en otros ámbitos que seguramente despiertan más consenso y que tendrían un efecto evidente sobre la equidad.