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La ambiciosa idea del Presidente Lagos de utilizar el bicentenario de la Independencia como un motor aglutinador de proyectos que marcaran un hito en el paisaje urbano del país no despertó el entusiasmo que se esperaba. Ni siquiera su propio gobierno logró darle a esa agenda el dinamismo que su autor tenía en mente, y durante el actual ello se ha atenuado aún más. En contraste, el centenario encontró a las repúblicas latinoamericanas en un plano de prosperidad económica y consolidación institucional que permitió la construcción de numerosas obras públicas de importancia, y Chile no fue ajeno a eso: logros como la Biblioteca Nacional o el Palacio de Bellas Artes quedaron instalados para las generaciones futuras, lo que llevó a concebir la idea de que algo similar podría ocurrir también en 2010.

Sin embargo, no ha sucedido así, y a dos años del evento no se advierten la pujanza ni el fervor que se anticipaban frente a una convocatoria de esa naturaleza. Desde el ámbito público, el Presidente Lagos impulsó varias obras gigantescas, que pudieron servir de plataforma para una Agenda Bicentenario, pero que, por estar mal concebidas y no fundadas en estudios serios de factibilidad técnico-económica, han resultado en rotundos fracasos, como el plan modernizador de EFE y el Transantiago, y otros debieron ser postergados, como el puente sobre el canal de Chacao.

Si el sector público no ha podido responder a esa iniciativa, ¿puede el sector privado aportar a una agenda de esta especie? O, más generalmente, ¿es posible que el sector privado participe en actividades que aporten al país como un todo si ello no es apropiable económicamente por aquél? ¿Qué se puede o debe esperar del sector privado en estas materias? Hay numerosas iniciativas que el sector privado ejecuta en la forma de donaciones a instituciones de beneficencia o a universidades o institutos de investigación, que constituyen un aporte valioso al patrimonio del país. Hay donaciones para bibliotecas y existen museos privados financiados por filántropos que aportan a la densidad cultural de la nación. Sin embargo, un sector privado próspero como el chileno podría contribuir de manera más decidida a la formación de un patrimonio cultural acorde con el nivel que el país ha alcanzado. En naciones del hemisferio norte eso ocurre con normalidad, muchas veces al amparo de beneficios tributarios. Más aún, es posible advertir una tendencia emergente entre las personas más ricas del planeta, como Bill Gates, Warren Buffet y Carlos Slim, quienes han decidido donar una parte mayoritaria de su fortuna a fundaciones de beneficencia que acometen grandiosos proyectos de ayuda global -combatir enfermedades infecciosas como la malaria, por ejemplo-. Eso muestra a un sector privado motivado por temas que normalmente son catalogados como públicos.

Más aún, un sector privado rico en iniciativas de esa naturaleza ayuda a legitimar un sistema de mercado con respeto a la propiedad privada que permite la acumulación de riqueza, pues la ciudadanía observa cómo una parte de esa riqueza creada se recicla al resto de la sociedad, no sólo de manera forzada, a través de los impuestos, sino también de manera voluntaria hacia iniciativas que los donantes estiman valiosas. Por ejemplo, un gran teatro de la representación, complementario del Municipal, acorde con los requerimientos y tecnologías del mundo moderno, podría ser una de ellas. Es claro que en nuestro país falta una institucionalidad tributaria que estimule y multiplique las donaciones de esa clase. Una propuesta en tal sentido, planteada en el seno de la Comisión Bicentenario, aparentemente no encontró eco alguno.