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Responsabilidades personales e institucionales

Pese a que han transcurrido varios días desde el inverosímil episodio de la incursión en territorio chileno de un camión con un grupo de 20 soldados peruanos al mando de un coronel, la opinión pública no ha tenido una versión oficial detallada de lo ocurrido. Por el contrario, todo indica que inicialmente se intentó mantener en reserva lo sucedido.

El grupo armado llegó al paso fronterizo de Chacalluta -uno de los más importantes del país y el único con nuestro vecino del norte- y el sargento de Carabineros a cargo del mismo resolvió, sin más, autorizar su retorno hacia el Perú, situación por la cual se encuentra actualmente sumariado.

No es difícil advertir cuán distinta habría sido la situación en caso de que los militares extraviados dentro del territorio extranjero hubieran sido chilenos. ¿Qué repercusiones internacionales habría tenido para nuestro país semejante muestra de desprolijidad militar?

También inquieta la descoordinación evidenciada luego entre el gobierno local y la Cancillería, ya que esta última no habría sido debidamente informada de las acciones realizadas por el gobernador de la zona. La precariedad del procedimiento -pese a las obvias disposiciones especiales dictadas para esa frontera- compromete la responsabilidad de mandos militares y civiles, y no puede traducirse sólo en hacer recaer toda la responsabilidad de un caso tan complejo y excepcional sobre un suboficial de Carabineros.

Ese episodio ratifica que Chile tiene mucho que avanzar en sus estándares de responsabilidad, tanto en el ámbito público como en el privado. En estos mismos días, el ministro de Hacienda difundió un análisis comparativo sobre la situación del Estado chileno y el sector privado del país, a la luz de los principales estudios y encuestas del Foro Económico Mundial. Numerosos indicadores permitirían un alto grado de autocomplacencia por los lugares alcanzados en esos rankings, pero, sin duda, una característica notoria del actual estado de cosas es la disparidad de madurez institucional que exhibe nuestro aparato estatal.

Así, mientras el ministro Secretario General de Gobierno acoge la inquietud expresada en distintos ámbitos -más allá de las filas opositoras- por la designación de un fiscal regional como intendente de esa misma región, el ministro de Justicia descarta cualquier inconveniente y la necesidad de legislar para establecer una inhabilidad que resguarde la autonomía del Ministerio Público.

Igual contradicción se observa en torno a la detención de seis presuntos miristas vinculados a violentos asaltos, entre los cuales figura la ganadora de casi 53 millones de pesos del Fondo de Fomento Audiovisual para un proyecto en plena ejecución. El ministro Secretario General de Gobierno admitió que esta situación justifica profundizar la información que se recaba de cada postulante en el proceso de selección, pero el subsecretario de Cultura desestimó ese mismo punto, señalando que la ley no permite solicitar el certificado de antecedentes a los participantes. Además, cabe notar que, independientemente de esos pareceres, restan muchos aspectos por esclarecer en este caso, tales como la manera en que uno de los imputados llega a ocupar el cargo de directora de Cultura de la Municipalidad de Ercilla y miembro del Consejo Regional de las Artes. ¿Quién responde por estas designaciones de confianza?

Sin embargo, paralelamente, las Fuerzas Armadas, junto al intendente Galilea, ejecutaron una impecable operación de evacuación de los habitantes de Chaitén afectados por la catástrofe volcánica. La magnitud de ese desplazamiento humano no tiene precedentes en la historia del país, dando pruebas de la capacidad profesional de los elementos castrenses y de la capacidad ejecutiva de esa autoridad regional.

Se advierte aquí, claramente, la decisión de no repetir la experien-cia vivida en Tocopilla tras el terremoto que afectó a esa ciudad en 2007, caso en el que la descoordinación de las autoridades obligó a remover a la intendenta regional y nombrar a la subsecretaria de Carabineros como "ministra en campaña" para agilizar las medidas del Gobierno en la zona damnificada.

Las situaciones descritas son de naturaleza y ámbitos muy diversos, pero grafican la disparidad de criterios y los claroscuros de nuestra responsabilidad pública.

Codelco y los costos de las soluciones políticas

Más allá del excepcional precio que exhibe actualmente el cobre, una porción considerable de los ingresos permanentes del Estado chileno proviene de la operación normal de Codelco.

Con todo, algunos parecen no comprender que esa cuprera tiene que administrarse como empresa sometida a una ardua competencia internacional, ajena a consideraciones extraeconómicas. Esa corporación está lejos de ser un tonel sin fondo al servicio de diferentes grupos corporativos, como parecieran percibirlo sectores laborales de la empresa y de los trabajadores subcontratados que le prestan servicios.

El Estado ha determinado la actual organización administrativa de esa empresa y ha participado directamente en la designación de la mayor parte de su directorio. Sin embargo, de nada sirven esos esfuerzos por institucionalizar la administración corporativa de la minera si el Gobierno, ante la presión política y la violencia ejercida -y tolerada por la autoridad- por grupos de trabajadores de empresas contratistas, suscribe un acta de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, por la que, teóricamente, debe responder Codelco. La lógica política aplicada por La Moneda para resolver el conflicto con los subcontratados sólo puede agravar el complejo cuadro de costos que tiene la empresa estatal -su actual precio de producción por libra de cobre es superior al precio de largo plazo que estima esa organización para dicho metal- y debilitar al directorio encargado de conducirla en la compleja coyuntura en que hoy se encuentra.