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En avanzado primer trámite legislativo en el Senado se encuentra la indicación sustitutiva del proyecto de ley de junio de 2006 que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas y Alcohol, originada en el acuerdo político entre el Gobierno y la oposición en noviembre de 2007. Dicho texto le adjudica al Ministerio del Interior -que pasaría a llamarse de Interior y Seguridad Pública- todas las funciones relativas al orden público y a la seguridad ciudadana. Las primeras se radicarían en la Subsecretaría del Interior, al igual que la dirección de las policías y el control de la delincuencia, en tanto que la prevención de ésta recaería en la nueva Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación. Además, el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) pasaría a ser un servicio público descentralizado, dependiente de esta última subsecretaría.

Es muy positivo que Gobierno y oposición aborden de modo concordado los problemas de seguridad pública. Así lo han hecho todos los países que han logrado bajar sus tasas delictivas. Sin perjuicio de ese loable enfoque, conviene redoblar en el Congreso los esfuerzos por perfeccionar esta nueva normativa, llamada a incidir en la vida, la integridad física y los bienes de miles de chilenos. Siendo así, convendría recordar que una conclusión principal del foro de expertos en seguridad ciudadana -convocado por el Gobierno en 2003, y en el que participaron los principales centros de estudio y especialistas- fue que "las iniciativas (antidelincuencia)... han surgido aisladamente, respondiendo a motivaciones distintas y frente a situaciones específicas; hay áreas donde no hay responsabilidades claramente asignadas, y otras en que se generan duplicaciones y falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado" (Recomendaciones, abril de 2004).

Sin duda, la actual estructura ministerial y de las demás organizaciones públicas vinculadas a la seguridad ciudadana no se condice con los desafíos que plantea la delincuencia. Sin embargo, el Congreso habrá de cuidar que la nueva estructura propuesta no pueda llevar a que las políticas antidelictivas queden más atomizadas. Algunos criterios que parecen orientar esta reforma, al distinguir tajantemente entre labores de prevención y de control, se alejan de los conceptos internacionales hoy vigentes; los avances que se han logrado en el resto del mundo se deben, precisamente, a abandonar esa separación y entender que toda acción incluye elementos de ambos ámbitos en mayor o menor medida, y que la clave radica en conjugarlos de modo funcional.

Además, debería atenderse con gran cuidado al alcance real de la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, pues los principales órganos que ejecutan políticas en este campo -Sename y Gendarmería- seguirían radicados en el Ministerio de Justicia, cuya capacidad de formulación y ejecución de políticas ha sido históricamente insuficiente. Asimismo, los planes comunales de seguridad ciudadana que estarían a su cargo serían ejecutados por gobernadores e intendentes, que dependen de la otra subsecretaría -de Interior-, dando pie a posibles descoordinaciones.

Respecto de la institucionalidad contra las drogas, convendría distinguir con claridad entre la coordinación de una línea programática de instituciones existentes y aquello que requiera una organización independiente. En estos fenómenos deben intervenir diversas instituciones -de salud, educación y control del delito, entre otras-, por lo que crear un servicio público adicional probablemente significaría más costos que beneficios, pues la ejecución de las acciones estará siempre principalmente radicada en otros organismos.

El ministro del Interior, superior de ambas subsecretarías, históricamente ha estado a cargo de estas tareas, pero sus muchas otras funciones y urgencias han solido dificultar el desarrollo de las políticas en esta materia. En el diseño ahora propuesto, sus responsabilidades al respecto se multiplicarán, a la par de las expectativas ciudadanas. De allí que el Congreso deba velar por que aquél garantice efectivamente una solución de los problemas estructurales y de coordinación hoy existentes.