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En las últimas semanas se han observado con cierta frecuencia nuevas protestas estudiantiles, y sus dirigentes anuncian un paro para hoy. Se pide suspender la tramitación de la Ley General de Educación y asegurar una tarifa escolar gratuita. Estos planteamientos son del todo desproporcionados, y la autoridad no puede ceder a ellos. El valor actual de la tarifa escolar es, en términos reales, inferior al que existía hace cinco años, y la gratuidad -el objetivo último- crearía un incentivo a sobreutilizar el transporte público difícil de justificar. Además, los recursos tienen usos alternativos: el proyecto de financiamiento del Transantiago deja entrever los costos que tendrá para el país subsidiar la tarifa escolar. Aunque dicho proyecto no es totalmente claro en los requerimientos financieros, los 420 millones de dólares de aporte fiscal permanente que solicita para todo el país incluyen en una proporción importante -si no total- los recursos para financiar la tarifa escolar. Una gratuidad completa bien podría sumar a esta cuenta entre 100 y 150 millones de dólares. Las políticas sociales deben ir acompañadas de un esfuerzo complementario de los receptores de la misma, por lo que es atendible que la tarifa escolar suponga un pago razonable, como el actual o algo mayor. Siempre sería posible eximir de ese pago a los sectores extremadamente pobres, pero la gratuidad no es una sana opción como política general.

También se busca detener la tramitación del proyecto de Ley General de Educación, al que se le critica, en especial, que no considere suprimir el lucro que la legislación actual permite para la educación escolar. Se postula que el lucro sería incompatible con una educación de calidad. Este reclamo adolece de defectos conceptuales importantes y es ingenuo: nada asegura que los establecimientos estatales o aquellos sin fines de lucro vayan necesariamente a orientarse a una educación de calidad, pues los recursos bien podrían destinarse a muchas iniciativas no relacionadas con tal objetivo. Por eso, el peso de la prueba no debe ponerse en la naturaleza jurídica del establecimiento escolar, sino en el desempeño de sus estudiantes.

Al respecto, la evidencia disponible indica que hay buenos resultados tanto en establecimientos municipales como particulares, con y sin fines de lucro. Pero también hay establecimientos con resultados deficientes en esas tres categorías. Un sistema educativo que promueva una educación de calidad debería estimular a los establecimientos de buen desempeño, y desalentar o presionar a los establecimientos de malos desempeños a corregirlos. En ambas situaciones, eso debería ser independiente de su naturaleza jurídica. Ésa es precisamente la orientación del proyecto de Ley General de Educación y de las disposiciones complementarias que crean una agencia de calidad y una superintendencia. El término por ley de los planteles con fines de lucro sólo reduciría las oportunidades de elección de las familias, sin ninguna contribución a la educación de calidad. Al respecto, es ilustrativo que en varias experiencias internacionales, sobre todo en EE.UU., las instituciones que han logrado mejores resultados en elevar los rendimientos de escuelas con mal desempeño sean aquellas con fines de lucro. Quizás, todas estas consideraciones han llevado a que el movimiento estudiantil carezca de la fuerza de hace dos años. Las posiciones intransigentes raramente reciben el apoyo de la ciudadanía.