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Transcurrida casi una década desde el inicio de la etapa previa de investigación, adaptación y socialización de la iniciativa para introducir en Chile los tribunales de tratamiento de droga, y casi cuatro años desde que se instaló el primer programa exploratorio en nuestro país, dichos órganos han comenzado ya a ser parte del quehacer judicial chileno, y se están consolidando como una metodología de trabajo probada y eficaz para lidiar con la delincuencia y sus causas.

El avance más reciente corresponde a la decisión de extender este programa, que hasta ahora funcionaba en Valparaíso y las zonas sur y centro-norte de la capital, hacia la totalidad de la Región Metropolitana -que concentra más del 40 por ciento de los casos ingresados al Ministerio Público- y hacia las ciudades de Iquique y Antofagasta.

Ya el año pasado se dio un paso decisivo, cuando el Ejecutivo resolvió apoyar técnica y financieramente las iniciativas locales en funcionamiento y aunarlas bajo un programa piloto oficial. El respaldo interinstitucional -fundamental para un programa que requiere la acción coordinada de diversos actores de los sectores justicia y salud- quedó plasmado en un Protocolo de Acuerdo, suscrito en diciembre de 2007 por las máximas autoridades de las instituciones comprometidas (Conace, Poder Judicial, ministerios de Interior y de Justicia, Ministerio Público, Defensoría Penal y la Fundación Paz Ciudadana).

El programa chileno es una adaptación de la metodología internacional del mismo nombre, que desde 1989 se viene aplicando con éxito, primero en EE.UU. y luego en Canadá, Australia, Escocia, Noruega y otros países. Básicamente, es un procedimiento penal alternativo para infractores cuyo comportamiento delictivo esté fuertemente relacionado con el consumo problemático de drogas, que consiste en el sometimiento a un tratamiento de rehabilitación integral bajo estricta supervisión judicial. El modelo ha demostrado ser costo-efectivo y capaz de reducir entre 15 y 20 puntos porcentuales de reincidencia respecto del procesamiento tradicional de estos delitos.

En Chile todavía se opera en pequeña escala: en total, cerca de 40 participantes activos y una decena de egresados que no ha vuelto a delinquir.

La Fundación Paz Ciudadana, que ha impulsado y apoyado técnicamente el proyecto desde sus inicios, ha insistido en la importancia de avanzar gradualmente, incorporando nuevas localidades, poblaciones-objetivo y problemas delictivos sólo en la medida en que sea posible resguardar la aplicación fiel del modelo, lo que exige asegurar la capacitación rigurosa de los equipos en esta metodología. En estos días finalizarían las jornadas de preparación y entrenamiento en las que tomaron parte autoridades, fiscales, defensores, jueces y otros participantes en la marcha de los nuevos tribunales de tratamiento del centro y norte del país, señal de que se avanza a paso firme en esta innovación.