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Es innegable que la economía de mercado ha sido una fuente de progreso para Chile. Pero muchas veces se cuestiona el modelo de desarrollo -que parece ser ampliamente compartido por la población-, sosteniéndose que descansaría sobre la "teoría del chorreo", dejando en la indefensión a aquellos que, por diversas razones, quedan al margen del progreso económico. A la luz de las realidades actuales, esta acusación es infundada.

En efecto, el presupuesto nacional alcanza este año aproximadamente a 34 mil millones de dólares, dos tercios de los cuales se destinan a gasto social. Cifras muy significativas se gastan en una diversidad de programas sociales, y gran parte ellos ha sido acordada de manera transversal -incluyendo su financiamiento-, aunque no todos son igualmente eficaces. El debate real en Chile no gira, pues, en torno a si esa red debe existir o no, sino en torno a la extensión de la misma y al diseño de las políticas que la componen.

Respecto de su extensión, el reciente informe del Consejo de Trabajo y Equidad no parece defender la creación de un Estado de Bienestar como el que se conoce en otros países. Probablemente, eso explique que la demanda por recursos adicionales sea acotada y que sus políticas específicas no busquen reemplazar al mercado. La no demanda por un Estado de Bienestar en dicho informe posiblemente responde a que -a diferencia de lo que ocurre en otros países- el gasto público en Chile es particularmente redistributivo. Tal vez este énfasis haya podido materializarse porque nuestra política pública ha descansado parcialmente en el mercado para desarrollarse. Así, los aportes privados a educación y salud, las cuentas de capitalización individual para la jubilación, la provisión privada de infraestructura vial, entre otras iniciativas, han liberado recursos para gastar en los sectores más vulnerables. En otras circunstancias, ellos -al menos en parte- se habrían gastado en otras iniciativas de menor impacto redistributivo. Así, resulta evidente que el mercado es un aliado de la lucha contra la pobreza y el cierre de las brechas de ingreso.

Muchas deficiencias de la política social podrían corregirse si se aprovechara el mercado. Un buen ejemplo es la atención de salud: sin duda, hay insatisfacción con ella, sobre todo en el sistema estatal. Los afiliados a éste no tienen oportunidades reales de elegir la atención de salud, en especial las personas de menos ingresos, que no pueden acceder a la libre elección. Si en vez de proveer directamente la atención de salud, el Estado permitiera a las personas elegir entre instituciones acreditadas, los niveles de satisfacción mejorarían sustancialmente. Diseñar un esquema de tales características tiene algunas complejidades, pero ellas pueden ser superadas sin mayores problemas. Si una política de estas características estuviese en funciones, se podría, además, acentuar el carácter redistributivo de los recursos destinados a salud.

¿Cómo perfeccionar la política social?

El énfasis que el Informe del Consejo de Trabajo y Equidad pone en empleo y productividad debe ser apoyado con energía. Los niveles de empleo son comparativamente bajos en Chile, sobre todo en jóvenes, mujeres y sectores más pobres. Por ejemplo, la tasa de empleo en el 20 por ciento de menores ingresos es apenas la mitad de la observada en el 20 por ciento de mayores ingresos.

Una manera de ligar la política social con el empleo es la propuesta de dicho consejo respecto del subsidio a los ingresos del trabajo. Éste se entregaría a los trabajadores asalariados del quintil de ingresos más pobre o independientes pobres que estén cotizando. Habría, por tanto, un premio al trabajo, que incentivaría la búsqueda de empleo.

El subsidio propuesto alcanza al 30 por ciento del ingreso bruto, dos tercios del cual recibiría el trabajador. El otro tercio iría al empleador para incentivar la contratación y así ayudar a absorber el aumento en la oferta de trabajo que debería producir el mayor salario percibido.

Este esquema permitiría que un hogar en que haya una persona con salario mínimo viese incrementado su ingreso en casi 28 mil 800 pesos, lo que equivale a poco más del 25 por ciento del salario líquido. Y ese subsidio podría ser un incentivo suficiente para que otro miembro del hogar buscara un empleo. Por ejemplo, piénsese en una incorporación por media jornada, con un salario equivalente al mínimo. Esa persona recibiría un líquido de casi 57 mil pesos y, adicionalmente, un subsidio de 14 mil 400 pesos. Este hogar tipo subiría su ingreso de casi 114 mil a 214 mil pesos, combinando de manera virtuosa empleo y política social.

Por supuesto, es una oportunidad que dicho hogar podría decidir no tomar. Si ello ocurriese, esa decisión no debería ser avalada con una política social asistencial.

Si las autoridades acogieran esta propuesta, cuando ella estuviese consolidada debería perfeccionarse para canalizar sólo por esta vía los recursos monetarios para apoyar a las familias más pobres. La política social podría tener así algunos ejes y políticas fundamentales: subvención en educación; bonos para capacitación, como propone el Consejo de Trabajo y Equidad; pilar solidario en pensiones integrado con el ahorro individual; un seguro de cesantía bien diseñado, en vez de indemnizaciones que entraban el funcionamiento del mercado del trabajo;idealmente, subsidio portable en salud; un diseño perfeccionado de los bonos existentes en vivienda, y apoyo al ingreso mediante el referido subsidio a los ingresos del trabajo.

La existencia de estas políticas sociales fundamentales ayudaría a acotar la dispersión que se observa en la actualidad. Así, siempre debería contrastarse la propuesta de un nuevo programa con la oferta existente. Por ejemplo, si se recomienda un nuevo subsidio monetario, debería antes responderse si no corresponde asimilarlo al subsidio al ingreso del trabajo. Eso permitiría ampliar las libertades de las personas, al mismo tiempo que las apoyaría por medio de una red social efectiva, que aprovecharía la experiencia acumulada y usaría el mercado para maximizar el impacto del gasto social.