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Solidez política y claridad institucional

El acuerdo unánime y transversal del Senado en torno a 36 medidas para reactivar la economía y retomar un ritmo de crecimiento más dinámico, admite naturalmente una discusión técnica sobre la pertinencia y efectos de cada uno de los planteamientos formulados por los legisladores. Sin embargo, esa inusual propuesta, a pocos días de la cuenta pública de la Presidenta Bachelet, suscita también una reflexión sobre su alcance y significación política.

Por de pronto, no hay recuerdo de una actuación de esas características por parte del Senado de la República. Y en cuanto ese acto representa un ejercicio de consenso y un gesto en favor del progreso económico del país, por cierto cabe celebrar la declaración de los parlamentarios.

Con todo, las instituciones políticas, especialmente los poderes públicos, deben ser escrupulosamente fieles a su función y justificación constitucional. En lo central, corresponde al Congreso fiscalizar al Gobierno y colegislar. Un gesto tan excepcional como el referido anteriormente no debe constituir precedente ni dar inicio a una eventual práctica parlamentaria de elaborar agendas o propuestas de gobierno. Si bien esa labor corresponde a los parlamentarios en cuanto representantes políticos de sus electores, así como a sus respectivos partidos, no alcanza al funcionamiento institucional de la Cámara Alta. Lo que merece celebrarse en cuanto reflejo de una actitud propositiva de un sector político o de una o más bancadas parlamentarias -una formulación de propuestas específicas de Gobierno-, puede derivar en confusión de roles si se asume colectivamente como rama del Congreso.

Además, atendidas las características del régimen presidencial chileno y la coyuntura política del país, el acuerdo del Senado -sin serlo ni buscarlo, y a pesar de la actitud de acogida del Ejecutivo- podría interpretarse por un observador externo como una señal tácita o implícita de falta de propuestas, debilidad o vacío en la conducción económica.

Al respecto, puede observarse el interés que provocó el artículo "No tan brillante" que dedicó a Chile el prestigioso semanario inglés "The Economist". Las situaciones descritas por esa publicación ya han sido materia de debate público y no representan novedad para la opinión pública nacional. Incluso son de suyo discutibles algunas de sus aseveraciones. Pero la imagen internacional de Chile se ve influida por medios de comunicación de la gravitación del citado, y sus críticas no carecen de efecto en ese ámbito.

Dicho semanario, al igual que los demás seguidores externos de nuestro acontecer político y económico, construye sus análisis sobre la base, entre otros, de actuaciones concretas de nuestros poderes públicos -como el reciente acuerdo del Senado- y tanto por lo que ellas señalan expresamente como también por lo que sugieren de modo implícito.

Desafío peruano y alineamiento gubernamental

En su segundo mandato, el Presidente Alan García ha dado pruebas de haber internalizado la importancia y los beneficios de un prolijo trabajo de la imagen internacional de su gobierno y del Perú.

Valiéndose de la Cumbre de Lima, que reunió a 47 jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la Unión Europea, ha reiterado su desafío "amistoso y deportivo" de superar a Chile en la carrera del crecimiento económico.

García, junto con declarar su admiración a la experiencia política y económica de las últimas décadas en nuestro país, ha ofrecido un cauce constructivo y moderno a la tradicional rivalidad que siente una parte del pueblo peruano hacia Chile. Subrayando las políticas pro inversión impulsadas por Perú, el Mandatario invitó a inversionistas extranjeros, incluidos los chilenos, a materializar sus proyectos y emprendimientos en tierras peruanas.

Las tareas pendientes de Perú, así como los desafíos en pobreza, infraestructura y presencia del Estado, son muchos y muy grandes, pero destacan la unidad de criterios de su gobierno y el dinámico crecimiento que ello ha significado para ese país.

Ese cuadro contrasta con la ausencia, dentro del gobierno de Michelle Bachelet, de una mirada compartida sobre la prioridad del desarrollo económico y el camino para alcanzarlo, lo que se traduce en señales ambiguas y contradictorias dentro de su propio gabinete.

Así, se celebra la iniciativa del ministro Viera-Gallo de proponer una tramitación especial y más ágil para los proyectos de energía, por la obvia importancia estratégica que tienen para Chile, pese a las duras críticas de los sectores ecologistas extremos.

Pero, simultáneamente, el ministro Andrade -frente al fallo de la Corte Suprema que resultó adverso a las pretensiones de la Dirección del Trabajo de ordenar a Codelco la internalización de un listado de trabajadores de los contratistas- anuncia el estudio de un proyecto de ley que busca fortalecer las atribuciones de ese organismo para fiscalizar a las empresas, especialmente en materia de subcontratación. Asimismo, Andrade insiste en su discurso crítico del marco laboral vigente y en la necesidad de fortalecer al sindicalismo frente al empresariado.

Paralelamente, el senador Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista en que milita Andrade, ha apoyado al secretario de Estado y reeditado su descalificación -como "chupasangres"- de quienes se oponen a su particular punto de vista en materia de subcontratación.

Aunque circunscritos, no son éstos signos alentadores para los inversionistas, cualquiera sea su nacionalidad, y resultan incomprensibles frente al complejo escenario que enfrenta la economía chilena, con una presión inflacionaria que no cede y una constante corrección a la baja de las expectativas de crecimiento para 2008.