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Ha causado alarma la filtración a internet de datos personales de varios millones de chilenos -nombres de personas, números de RUT y de teléfonos comerciales y particulares, direcciones, correos electrónicos y antecedentes académicos y sociales provenientes de varios organismos públicos-. La Brigada del Cibercrimen está investigando este caso, hasta ahora sin resultados conocidos. Las entidades de las cuales podría provenir la información han negado que sus sistemas hayan sido vulnerados, pero la información filtrada apareció en un sitio web, con la indicación de que se buscaba mostrar "lo mal protegidos que están los datos en Chile". Según la Ley de Protección de Datos Personales, si la información proviene de fuentes públicas, existen pocas restricciones a su uso o difusión, ya que forma parte del dominio público, por lo que no habría delito. En este caso, una parte de aquélla parece estar en esa categoría.

En cualquier caso, el "hacker" que ejecutó este acto ha conseguido elevar la percepción de la potencial vulnerabilidad de dichas bases de datos personales. Es probable que varias de las entidades públicas que los acopian no cumplan los estándares de seguridad que requiere el artículo 8° de la ley citada, que exige que el responsable de las bases de datos personales los "cuide con la debida diligencia". En los países más avanzados, eso supone la contratación sistemática de auditorías de seguridad informática, que deben incluir la realización de ataques de los consultores -a menudo ex "hackers" ellos mismos- a los sistemas que alojan estas bases, para asegurarse de que están bien protegidas. Pese a estos esfuerzos, incluso en esos países es frecuente el robo de dichos datos o su difusión por errores administrativos.

Todo lo anterior lleva a temer que los sistemas nacionales, tanto públicos como de algunas empresas privadas, sean considerablemente más vulnerables que cuanto se creía. Al respecto, en carta a este diario, el académico Pedro Anguita ha representado la necesidad de crear un régimen jurídico que refuerce el derecho a la vida privada y termine con la indefensión respecto de la información que recopilan, procesan y comunican instituciones públicas y privadas. La falta de protección adecuada de los datos personales y su comercialización sin límites es una realidad -estima-, pese a la Ley N° 19.628, de 1999. Así, entre otros problemas, Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Tesorerías suscriben convenios de intercambio de datos con empresas dedicadas a informar sobre la solvencia económica de las personas, pese a que los tribunales han declarado la ilegalidad de tales acuerdos y acogido al menos nueve recursos de protección deducidos por los afectados. De allí concluye el citado profesor que es hoy indispensable una revisión integral de la citada ley.