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La Presidenta parece haber definido su agenda laboral en su mensaje del 21 de mayo. Durante mucho tiempo existieron dudas respecto del alcance de la misma, pero en esta ocasión se definieron aspectos clave como, por ejemplo, que el ámbito de la negociación colectiva debe ser la empresa. Con todo, los anuncios incluyen límites a la acción de los grupos negociadores. Así, se valida su existencia, en línea con los principios de libertad sindical, que no pueden suprimirlos como alternativa de negociación para los trabajadores.

Sin embargo, no hay claridad respecto del alcance de los obstáculos que se impondrían a su funcionamiento. Si éstos son excesivos, la posibilidad de negociar mediante tales grupos se desvanecería. En realidad, la idea de que los sindicatos son siempre la mejor opción de representación de los trabajadores no tiene un asidero empírico absoluto. En muchas actividades es efectivamente así, pero no se puede generalizar. Además, la evidencia internacional sugiere que los sindicatos han perdido fuerza como organizaciones representativas de los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, en la Unión Europea la tasa de sindicalización ha caído desde niveles en torno al 40 por ciento en los años 80, a niveles actuales de 26 por ciento. Fenómenos similares se han registrado en países como Australia, Canadá y Japón. Sólo en los países escandinavos se mantienen altas tasas de sindicalización, de entre 50 y 70 por ciento. No son evidentes las razones de esta evolución, pero ella refleja que los sindicatos no tienen hoy la misma legitimidad de antaño. De allí que convenga reflexionar con más profundidad sobre las medidas más apropiadas para fortalecer la negociación colectiva. Intentarlo mediante un fortalecimiento artificial de los sindicatos puede ser un camino que termine distanciando a los trabajadores aún más de ellos. El énfasis debería ponerse en eliminar las trabas a su creación y en evitar que se entronicen prácticas antisindicales, cuidando de que ello no fomente abusos de los fueros sindicales, situaciones que -como lo señaló la Presidenta en su discurso- sería necesario abordar.

Desde esta perspectiva, sería un retroceso entregar a los sindicatos el monopolio de la negociación colectiva. Por cierto, erigir obstáculos a los grupos negociadores no necesariamente supone avanzar en esa dirección, pero hay una delgada línea que, para respetar la libertad sindical y beneficiar a los trabajadores, no debería cruzarse.