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Los sistemas de penas cumplen funciones de disuasión, control y tratamiento, y pueden incidir en grado significativo en las tasas delictivas. Mundialmente, los sistemas modernos y eficaces se caracterizan hoy por un conjunto amplio de sanciones, siendo las penas privativas de libertad sólo un rubro dentro de un catálogo más diverso. Esto, porque tales penas privativas de libertad son una solución bastante cara en comparación con otras tecnologías de sanción, que permiten imponer castigos igualmente gravosos, pero a menores costos, en una proporción significativa de casos. Además, ellas muestran mejores resultados en cuanto al nivel de reinserción social y laboral de los penados, aspecto clave para el cese de su actividad delictiva.

Desde 1984 existe en Chile un sistema de medidas alternativas a la reclusión: en relación con delitos de poca gravedad cometidos por primerizos, los jueces pueden reemplazar la pena originalmente impuesta en el Código Penal por reclusión nocturna, remisión condicional de la pena o libertad vigilada. Todas ellas exigen el cumplimiento de un conjunto de obligaciones por parte del condenado.

Sin embargo, hace ya una década que existe amplio consenso en que el actual sistema es muy deficiente. Su instalación no contó con un plan de financiamiento, y el que destina Gendarmería al Departamento de Tratamiento en el Medio Libre -encargado de ejecutar tales medidas- ha bordeado el tres por ciento del presupuesto global de la institución, en circunstancias de que actualmente tiene a su cargo a alrededor de 50 mil personas, cifra comparable al número de recluidos en el sistema cerrado. De allí que -como lo han planteado recientemente los funcionarios de dicho departamento- el número de condenados por delegado actualmente duplique el establecido por ley (60 versus 30), a lo que se suman graves problemas relativos al contenido y al control de estas medidas.

La reforma ingresada al Congreso el 31 de marzo (como parte del acuerdo político-legislativo en materia de seguridad pública) constituye un tímido primer paso en la dirección propuesta ya hace seis años por un equipo técnico formado por representantes del Ministerio de Justicia y de la Fundación Paz Ciudadana. En lo central, crea dos sanciones nuevas -el trabajo comunitario y la reparación del daño causado- y perfecciona las normas sobre quebrantamiento. Omite, sin embargo, las profundas reformas organizacionales y de gestión que requiere una adecuada imposición de estas y las demás medidas, por lo que Chile seguirá sin contar con un sistema que, bien diseñado e implementado, sería una de las llaves para disminuir el problema delictivo que lo aqueja.