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Ha causado favorable impresión que la Presidenta Bachelet haya atendido a que se precisara el sentido de las referencias en su reciente mensaje al acuerdo político en educación. Esta última, cabe recordar, fue planteada en dicho discurso como meta central del Gobierno, pero sus palabras no fueron del todo claras en cuanto a impulsar los proyectos educacionales ya presentados. No hubo un desarrollo mayor acerca de la importancia fundamental de dicho acuerdo, y las palabras presidenciales parecieron, para algunos, una tolerancia con las indicaciones que, al margen de lo consensuado, presentaron diputados PS, PR y PPD. Además, el carácter central de los acuerdos educacionales quedó un tanto diluido por la enumeración detallada de otros pequeños avances en estas materias: facilitar el transporte público a los escolares de zonas rurales, por ejemplo, es un progreso indudable, pero difícilmente significará un cambio en la calidad de la educación chilena ni en la preparación de los jóvenes para enfrentar el mundo de cambios tecnológicos. De mayor envergadura es la promulgación de la Ley de Subvención Preferencial, que, como señaló la Presidenta, apunta al corazón de la desigualdad, al asignar mayores recursos para los estudiantes más pobres. Otras medidas reseñadas en su discurso tienen un efecto menor, y ninguna tendrá efecto en la calidad de la educación, excepto las materias acordadas entre todas las fuerzas políticas hace seis meses.

Como ella también lo señaló, este acuerdo no es suficiente, y tiene razón en que será necesario continuar desarrollando tareas que, sin embargo, aún no han sido bien definidas. Se anuncia la creación de las bases de una nueva carrera profesional docente, pero ello será un proceso complejo, cuyo desenlace aún no puede predecirse. La acreditación de las carreras de pedagogía puede ser un paso de consecuencias, y más aún la posibilidad -asimismo anunciada en el mensaje- de un examen nacional de habilitación de competencias disciplinarias y pedagógicas de los futuros maestros. Pero sobre estos pasos futuros no existe mayor claridad ni se ha trabajado para alcanzar un consenso. Sí está claro, en cambio, que si el Congreso no saca adelante lo ya acordado, será prácticamente imposible que logre aprobar otras materias técnicamente más difíciles.

Afortunadamente, la ministra Jiménez ha sido muy precisa al establecer las prioridades de su cartera, y en primer lugar aparece la aprobación de la Ley General de Educación (LGE) y sus leyes complementarias, que ponen en práctica el acuerdo educacional. Si eso no se logra, no será grave para la oposición, que nunca manifestó mayor incomodidad con la LOCE, pero para el Gobierno significaría no concretar ningún avance educacional significativo.

En educación superior, la Presidenta informó que aún está en estudio el informe de la comisión presidencial correspondiente. No obstante, el Fondo Bicentenario para financiar estudios de posgrado anticipa un importante estímulo para la actividad académica de mayor jerarquía. Un monto sin precedentes -seis mil millones de dólares- permitirá un aumento extraordinario del número de becas en casi todos los campos, tanto en el extranjero como en Chile. De llevarse adelante este proyecto, ningún estudiante de talento tendría obstáculos económicos mayores para continuar con sus estudios hasta el nivel más alto. Sería un cambio importante, que estimularía a la ciencia, la tecnología, las humanidades y a las instituciones de educación superior que sepan responder a los desafíos actuales.

En este cuadro, es esclarecedor que la ministra de Educación señalara ayer que la Presidenta le ha dado instrucciones de reforzar el apoyo a la LGE, y asegurara que las indicaciones presentadas posteriormente, si no son concordadas por la Alianza, "no se podrían incluir, porque el acuerdo que tenemos todos es que cualquier indicación que pudiese perfeccionar (el proyecto) tiene que ser consensuada". Igualmente preciso fue el ministro del Interior, en cuanto a que "en el acuerdo de educación el Gobierno está por que se cumplan los acuerdos. La Presidenta está por la política de los acuerdos... y esa política evidentemente implica que los acuerdos que se hacen se cumplen". Por su parte, el ministro Secretario General de Gobierno señaló que la Presidenta estima "imprescindible por el bien de la política, por el bien del país y por el bien de la educación" que ese acuerdo se vote según el compromiso adquirido. Esto no supone rechazar necesariamente todas esas indicaciones, pero sí sujetar su eventual discusión al consenso político.