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Entre los anuncios presidenciales en favor de sectores con problemas se incluyó la exención de derechos de importación para pequeñas y medianas empresas. Éstas, según la definición adoptada en la más reciente encuesta del INE al sector, son las que tienen ventas totales anuales de hasta 100 mil UF (unos dos mil millones de pesos), y generan el 38 por ciento de los empleos, en 83 mil 347 empresas formales. Si se las clasifica de acuerdo con el criterio que las define según el número de trabajadores contratados -en virtud del cual son pymes las que tienen hasta 200-, serían cerca de 600 mil y darían empleo al 83 por ciento de los trabajadores de nuestro país.

La Presidenta Bachelet anunció que, como un estímulo a la innovación en empresas pequeñas y medianas, y para que puedan modernizar sus plantas productivas, enviará un proyecto de ley que plantea reducir a cero el arancel sobre sus importaciones de maquinaria y de equipos que no se produzcan en Chile, y que tampoco tengan una rebaja resultante de acuerdos comerciales.

En términos de menor recaudación fiscal, este incentivo representaría un costo de 106 millones de dólares anuales para el erario, lo que es un monto significativo.

La iniciativa comentada sería ciertamente positiva para las pymes y merece amplio acogimiento. Sin embargo, el principal problema de dichas pequeñas y medianas empresas es su alto endeudamiento bancario y la restricción de nuevos créditos debido a incumplimientos anteriores. Baste advertir que la misma encuesta del INE calcula que su endeudamiento total supera los 6,2 millones de millones de pesos. Este factor determinante no sería modificado por dicho proyecto, por lo que cabe presumir que, en general, tampoco cambiaría sustancialmente la situación actual de las pymes.

En consecuencia, la ayuda más significativa que ellas podrían recibir sería la de poder reprogramar sus deudas a largo plazo, pues la mora actual, causada por la crisis de fines de los años 90, se traduce en un difícil acceso a préstamos para mantener su nivel de actividad. Esto ha derivado en menor crédito bancario para todos los tramos de pymes, que en el año 2000 recibían el 36 por ciento del mismo y en 2006, menos de la mitad de ese porcentaje.

A este último respecto, la Presidenta anunció que se desarrollarán "nuevos instrumentos de crédito" a favor de dichas empresas, pero no precisó su carácter ni su cuantía. Cabe esperar que lo antes señalado se considere en todo su alcance al diseñar tales instrumentos.

En síntesis, las medidas anunciadas ayudarán a este sector, pero no resolverán sus problemas en términos más generales. Cuando los colegisladores debatan este proyecto, sería conveniente que tengan presente que un estudio especializado indica que -yendo más allá, pero en la misma línea de lo ya anticipado- si efectivamente se pudieran evitar las quiebras de pymes por insolvencia ante los bancos y reponer sus anteriores niveles de acceso al crédito por medio de una reprogramación, ellas podrían generar hasta 2,5 puntos porcentuales adicionales al PIB chileno actual. Esto compensaría con creces los recursos que suponga la ayuda que se les otorgue.