• Últimas
  publicaciones

• Autoridades y prensa
  (27/06/2008)
• Aporte fiscal indirecto
  (27/06/2008)
• Sindicalistas candidatos
  (27/06/2008)
• Marco de los avances con Bolivia
  (26/06/2008)
• Gastos reservados y sobreseimiento
  (26/06/2008)
• Salario mínimo
  (26/06/2008)
• ¿Nuevas irregularidades?
  (25/06/2008)
• Compromiso con la regla fiscal
  (25/06/2008)
• Industria cultural
  (25/06/2008)
• Modificación de concesiones
  (24/06/2008)
• Voto de chilenos en el exterior
  (24/06/2008)
• Reforma notarial
  (24/06/2008)
• Reclamos en salud
  (23/06/2008)
• Lecciones del "tren de la basura"
  (23/06/2008)
• La UE contra la inmigración ilegal
  (23/06/2008)

Un altísimo costo han debido pagar la comunidad de Nápoles y el gobierno italiano por no tener una solución para la disposición final de los residuos de esa ciudad. La acumulación de basura en las calles y carreteras -con todos sus efectos higiénicos, de imagen y de deterioro turístico- ha llevado a las autoridades a trasladar dichos residuos en tren a un incinerador en Hamburgo con un altísimo costo, estimado en unos 70 millones de euros. Además, dicha solución es sólo parcial y transitoria, pues es posible que ciertos residuos no sean aceptados en el incinerador, y tal vez no sea posible utilizarlo de manera permanente.

Es cada vez más frecuente el síndrome "nimby" -acrónimo traducible como "no en mi patio trasero"-, esto es, la conducta militante de los vecinos de determinado lugar, que rechazan el que cerca de ellos se instale una cárcel, un relleno sanitario, una planta de gas o cualesquiera otras actividades o estructuras que ellos consideren como lesivas para su entorno. En muchos casos, oponerse es de bajo costo para la respectiva comunidad local, pues si no se instala lo que no desean, no sufre el deterioro que teme. Sin embargo, la multiplicación de tales oposiciones transforma el problema inicial en una crisis de proporciones.

El caso de la basura europea es distinto del de Chile, pues allá es difícil encontrar terrenos para rellenos sanitario y deben construirse plantas de incineración, con costosos equipos seleccionadores de residuos (para evitar incinerar aquello que no se deba), todo lo cual incide en el presupuesto del municipio y, por tanto, en el desembolso de los vecinos. Pero también en Chile se hace cada vez más difícil encontrar lugares de disposición final que resulten económicamente soportables para los municipios, y aceptables para los vecinos. Eso ocurre asimismo con otras instalaciones indispensables o muy difícilmente evitables, como lo muestra el caso de la planta propano-aire de Peñalolén.

Lo conducente para resolver esta clase de problemas no son los recursos judiciales ni la discrecionalidad administrativa, sino las compensaciones: si una comunidad se ve objetivamente afectada por tener que aceptar una instalación que beneficia a vecinos de otras localidades, debería ser compensada por ello. La realidad contemporánea aconseja que la opinión pública, los alcaldes, los vecinos y las autoridades se abran a esa lógica, para no caer en la absurda situación en que han caído Nápoles, sus vecinos y su tesorería, que ha llegado a afectar al gobierno y a la vida política de Italia.