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El Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley que regula el nombramiento, las atribuciones, el funcionamiento y los aranceles de los notarios y conservadores. Él contempla crear una Superintendencia de Quiebras y Registros que regularía y controlaría a estos funcionarios, en reemplazo de los ministros visitadores de las cortes de apelaciones (la dependencia actual de aquéllos está adscrita al Poder Judicial).

Más allá de los términos de la reforma propuesta, es manifiesta la necesidad de una profunda modernización de nuestro sistema registral y de fe pública. Había para ello dos opciones: una nueva regulación que fortaleciera el sistema actual, o una liberalización completa del sistema registral, según el modelo anglosajón. Esto último es muy ajeno a nuestra tradición registral, y el modelo liberal ha requerido de otros elementos que respalden la garantía de fe (habitualmente pólizas de seguros), por lo que la opción de modernizar nuestro sistema actual parece ser hoy la más razonable.

De prosperar esta propuesta, significaría sacar a los notarios y conservadores de la dependencia del Poder Judicial, lo que habrá de ponderarse con extremo cuidado. Es notorio que éste se encuentra hoy sobrecargado de deberes administrativos que, además de no poder cumplir siempre adecuadamente, lo distraen de su función esencial de impartir justicia. Por otra parte, el modelo de superintendencias dependientes del Ejecutivo -sin perjuicio de la riesgosa anomalía constitucional que significan, pues en la práctica reúnen facultades ejecutivas, legislativas y judiciales- ha operado largamente en la fiscalización de bancos, sociedades anónimas, AFP, isapres y otros, lo que permitiría esperar otro tanto de una superintendencia a cargo de la función registral. En tal caso, la idoneidad técnica y la imparcialidad política exigibles a las funciones notarial y registral quedarían mejor resguardadas si el nombramiento de este superintendente se sujetara al sistema de alta dirección pública: no sería prudente que fuese un funcionario de la exclusiva confianza del gobierno de turno.

En todo caso, tres necesidades de que se ocupa el proyecto comentado son imperiosas: transparencia en el sistema de aranceles, transparencia en los nombramientos e implementación de una plataforma tecnológica adecuada.

Hoy nadie sabe con qué criterios se eligen estos funcionarios, y se ha criticado por décadas el cúmulo de relaciones cruzadas entre ellos y quienes deben nombrarlos. Asimismo, el cobro por sus servicios no parece obedecer a ningún parámetro contrastable y público. En fin, una plataforma informática adecuada a la que se traspasara la historia registral de la propiedad raíz permitiría centrarla en los bienes y no en sus dueños, como ocurre en la actualidad, y agilizar los trámites.