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Ya nadie pone en duda la importancia que tiene mantener una política fiscal ordenada para el buen funcionamiento de la economía. Las malas prácticas que históricamente siguió nuestro país en esta materia en décadas pasadas se convirtieron en la principal fuente de inestabilidad económica, política y social. Esa evidencia parece haber sido comprendida por los distintos actores políticos, y virtualmente todos proclaman hoy su adhesión al buen orden fiscal.

También ha influido en este cambio el beneficio objetivo que le ha reportado a Chile el buen comportamiento exhibido en las finanzas públicas, lo que ha tenido una recompensa tangible en su posibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales en condiciones muy favorables.

En el año 2000 comenzó a aplicarse el "superávit fiscal estructural", según el cual los gastos fiscales de cada año deben ser coherentes con un saldo positivo en el balance estructural de las finanzas públicas -calculado sobre la base de los valores de largo plazo de los principales parámetros-, debiendo ahorrarse en un fondo especial la diferencia que se genere entre este nivel de gasto y los ingresos fiscales efectivos del año en cuestión.

Los ministros de Hacienda que ha tenido Chile durante esta década han sido celosos guardianes de esta regla fiscal, convertida en el eje de la política económica. Ello ha permitido acumular un cuantioso volumen de recursos -próximo a alcanzar los 30 mil millones de dólares- y mantener una cómoda situación de holgura fiscal. Como contrapartida, esto ha dado origen a permanentes presiones por aumentar el gasto público.

En la difícil coyuntura económica actual, en la que a la disminución del ritmo de crecimiento del PIB se une un inquietante recrudecimiento del ritmo inflacionario, hay preocupación por el curso que está tomando la política fiscal. Según analistas privados, los sucesivos anuncios de nuevas medidas fiscales en el transcurso de este año, que contemplan la inyección de recursos adicionales al presupuesto por sobre lo inicialmente aprobado, están poniendo en riesgo el cumplimiento de la meta de superávit estructural prevista para 2008.

Las máximas autoridades de Hacienda han salido prontamente a desmentir estos cuestionamientos, atribuyéndolos a una confusión conceptual que surgiría de mezclar gastos directos con aportes financieros al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, y con créditos que posteriormente deben ser reembolsados.

Pero, al margen de la clasificación contable con que se asignen las distintas partidas, en definitiva se trata de recursos que van a ser gastados en la economía, presionando la demanda agregada y, por ende, contribuyendo a un mayor ritmo inflacionario. Si a esto se agrega que durante el primer trimestre el gasto fiscal aumentó 10,6 por ciento -por sobre el 8,9 por ciento anual contemplado en la Ley de Presupuestos-, hay razones fundadas para preocupación.

El Gobierno atribuye el desequilibrio a una mayor velocidad en la ejecución presupuestaria respecto del año pasado a igual fecha, que se vería compensado con un menor ritmo de expansión fiscal durante la segunda mitad del año. Pero cuesta creer que se vaya a producir este cambio tan radical de tendencia, sobre todo si se considera la inyección de recursos adicionales. Las autoridades de Hacienda parecen muy comprometidas con el cumplimiento mecánico de la regla de superávit vigente, aplicando normas de contabilización discutibles, y dejando en un segundo plano el impacto en la demanda agregada que surge del impulso fiscal. Velar por una expansión del gasto que sea compatible con los equilibrios globales también es parte de la responsabilidad fiscal.