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El AFI es uno de los tantos instrumentos que se utilizan para financiar a las universidades chilenas, en la forma de una bonificación que se les entrega por una sola vez, por cada uno de los primeros 27 mil 500 puntajes promedio en la Prueba de Selección Universitaria. Está dividido en cinco tramos de igual tamaño. El primero de ellos, que partió en 699 puntos, recibió por cada alumno un millón 367 mil pesos. El último, con un puntaje entre 610,5 y 624,5, recibió casi 114 mil pesos. En total se destinaron a este propósito 19 mil 656 millones de pesos. Es un instrumento de gran valor, que no discrimina entre universidades y las incentiva a mantener elevados estándares académicos, precisamente para atraer a los mejores estudiantes.

La ministra Jiménez ha planteado que este aporte será reestudiado, para premiar a los planteles que captan alumnos de bajos recursos. El propósito de este cambio puede ser loable, pero no por ello deja de ser equivocado. Es cierto que, en una proporción elevada, los estudiantes con mejores puntajes provienen de hogares con mayores recursos, pero son las universidades las beneficiarias de este aporte, y en particular aquellas que por su desempeño tienen la capacidad de atraer a los mejores estudiantes. Si no existiese este instrumento, decaería el incentivo para ser una buena universidad, porque los demás recursos que a ellas asigna el Estado están muy indirectamente relacionados con ese objetivo. Por lo demás, estos recursos han venido cayendo significativamente: este año, los asignados a través de esta vía son siete por ciento más bajos que en 2000, y 19 por ciento inferiores a los de 1990, en términos reales.

La mayor cobertura en educación superior ha ocurrido fundamentalmente por la incorporación de sectores medios y bajos, que en el pasado no habían tenido la posibilidad de acceder a la universidad y que, en una importante proporción, no tienen medios para financiar sus estudios superiores. Eso ha creado una presión por mayor crédito y beca, que en parte explica la presión sobre el AFI, pero la reorientación que se plantea dar a éste no es positiva. La señal que entrega este instrumento no debería perderse, sobre todo en un sistema de educación superior que tiene aún mucho que mejorar en docencia e investigación: ninguna de nuestras universidades aparece en posiciones destacadas en los rankings internacionales.

El rediseño del aporte fiscal directo sería una mejor fuente de recursos de apoyo financiero para los estudiantes de bajos ingresos. Este gasto es casi siete veces superior al AFI, pero una buena parte de él se destina a financiar supuestos bienes públicos que no son tales, y termina sirviendo de apoyo a programas ineficaces, de dudosa rentabilidad social, y cuerpos administrativos y de profesores de baja productividad. Esta realidad debe ponerse públicamente en claro. Asimismo, siguen existiendo becas y créditos solidarios que benefician a estudiantes que luego son profesionales exitosos, sin que ello tenga una justificación social evidente. Los recursos son escasos y el país necesita administrarlos bien para asegurar un equilibrio adecuado entre equidad y calidad, tanto más ahora que las ayudas estudiantiles han pasado a ser el principal ítem del gasto en educación superior. Desde esta perspectiva, es inadecuado que siempre haya disponibilidad para reducir aquellas iniciativas que promueven calidad, pero no haya disposición para enfrentar reformas resistidas por grupos de presión, pero que significan desembolsos ineficientes y con escaso -si alguno- retorno social.