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Con motivo de la cena anual de la Asociación Nacional de la Prensa, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, presentó la visión del Gobierno sobre las funciones de la misma en una sociedad democrática. Celebró el jefe del gabinete que existieran buenas relaciones entre autoridades y prensa, pero dejó en claro que ello no significa que ésta deba observar una actitud complaciente para con las autoridades públicas, pues los vínculos entre el Gobierno y los medios de comunicación descansan en la completa independencia de los periodistas para investigar, informar y opinar según la política editorial de cada medio.

Asimismo, reseñó los avances en la ampliación de la libertad de prensa que se ha logrado en Chile desde la restauración de la democracia. Al respecto recordó como un hito fundamental la promulgación de la Ley de Prensa, el año 2001, y dio muestras de conocer bien las dificultades para alcanzar una libertad efectiva en la tarea periodística, al señalar la falta de transparencia que rodea a muchas acciones y decisiones del Estado. El Gobierno comparte esta preocupación -sostuvo el ministro Pérez Yoma-, y por eso impulsó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Su posición endereza la interpretación de algunos otros sectores de Gobierno, que tienden a ver intenciones torcidas y aun conspirativas en la acción informativa de la prensa que los incomoda.

No obstante, tal como él lo señaló, el camino hacia la libertad de expresión no tiene fin, y se requiere un trabajo continuo para perfeccionar este aspecto crucial para la vida democrática. La mayor transparencia de las instituciones del Estado, para que los ciudadanos puedan juzgar con sólidas bases la labor de quienes asumen responsabilidades públicas, es aún una meta por cumplirse.

Ya la reforma constitucional del año 2005 y otros avances legislativos anteriores crearon grandes ilusiones respecto del acceso ciudadano a la información que hasta ahora el Estado mantiene en secreto, pero en cada oportunidad nuevas disposiciones reglamentarias crearon barreras infranqueables para los periodistas y los ciudadanos. Una suerte de "letra chica" suele acompañar a estos proyectos, para impedir que se cumpla la meta que tanto se proclama. Esta vez, existen fundadas aprensiones respecto de que la citada Ley de Acceso llegue a constituir el logro que espera el ministro.

Si bien la Constitución ha declarado como regla general la publicidad de los actos de la administración y en su artículo octavo señala que sólo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva de aquéllos o de sus fundamentos, la nueva ley parece sustituir tal norma por una disposición de carácter general y de límites muy poco definidos, que faculta al jefe superior de un órgano o servicio público para negarse a entregar la información solicitada. Igualmente, resulta grave que el artículo 1° transitorio declare que se entiende que cumplen con la exigencia de quórum calificado los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la reforma constitucional.

Todo lo anterior sugiere que se mantendrá el secretismo tradicional, a menos que el Tribunal Constitucional considere que la ley requiere modificarse en lo que respecta a los requisitos para mantener en reserva ciertas informaciones que están en manos del Estado.

No obstante, de las palabras del ministro del Interior se desprende que el Gobierno entiende bien las reglas fundamentales que deben orientar a los medios en un sistema democrático, y eso constituye de suyo un gran valor para la sociedad, pues asegura que la libertad de prensa podrá ejercerse en forma efectiva y que se podrá continuar impulsando el perfeccionamiento legal en esta materia. Asimismo, el ministro del Interior ha manifestado que el Gobierno aprecia la función social que cumplen los diarios y reconoce que el fortalecimiento ético corresponde a las organizaciones gremiales, pero que, en definitiva, el mayor control ético lo ejerce el público, al elegir libremente el medio por el cual quiere informarse.