• Últimas
  publicaciones

• Más mercado, menos contaminación
  (12/07/2008)
• Reformas pro transparencia
  (12/07/2008)
• Aumento de la tasa de interés
  (12/07/2008)
• Estado de la opinión nacional
  (11/07/2008)
• Inquietudes sobre Ecuador
  (11/07/2008)
• Debate del impulso fiscal
  (11/07/2008)
• Apretar los dientes
  (11/07/2008)
• Pacto Concertación-P. Comunista
  (10/07/2008)
• Biocombustibles en Chile
  (10/07/2008)
• Molestia judicial
  (10/07/2008)
• Política indígena
  (09/07/2008)
• Unificación de estadísticas delictivas
  (09/07/2008)
• Ventas de viviendas
  (09/07/2008)
• La voz de la autoridad económica
  (08/07/2008)
• Cambios en la Defensoría Nacional
  (08/07/2008)

Cunden preocupaciones fundadas sobre el futuro de los medios de comunicación ecuatorianos en cuanto a su independencia respecto del gobierno. Los antecedentes no son alentadores. El Presidente Correa ha mantenido hace largo tiempo una relación tensa con los medios de su país, ha manifestado reiteradamente su intención de regularlos y apoyó abiertamente al Presidente Chávez en el cierre del canal de televisión opositor, RCTV. Por lo demás, es ampliamente sabido que ambos mandatarios comparten una agenda que promueve el control y la propiedad estatales en las más diversas actividades.

Hechos recientes profundizan el desasosiego sobre la evolución de la libertad de expresión en Ecuador. A 10 años de la crisis financiera de un grupo económico que fue protagonista del colapso bancario que causó importantes pérdidas a los ahorrantes, el gobierno procedió a incautar tres canales de televisión y numerosas frecuencias de radio pertenecientes al mismo. Esta medida, conducente a la recuperación de activos, podría haber pasado sin reproches de existir garantías sobre la ulterior operación sin restricciones de los medios incautados, y de haberse aclarado los procedimientos para una pronta y transparente venta a privados. Lamentablemente, no se han ofrecido esas seguridades, con el agravante de que hace pocos meses el diario "El Telégrafo" experimentó una situación similar y, finalmente, fue convertido en un órgano de prensa oficial. La desconfianza aumentó por la divergencia y renuncia del ministro de Finanzas y por el contexto de intimidaciones por el oficialismo en que se desenvuelve la prensa ecuatoriana.

Poco después, en esta misma semana, el Consejo Nacional de Radio y Televisión, controlado por el gobierno, anunció la revisión de las concesiones otorgadas a más de dos centenares de radios y canales de televisión.

Todo lo anterior debe considerarse en el contexto de la campaña del Presidente Correa en un referéndum para aprobar una nueva constitución que le permitirá reelegirse y perpetuarse en el poder, en un esquema muy similar al de sus pares en Bolivia y Venezuela.

Los acontecimientos en Ecuador podrían amagar la legitimidad del proceso político en ese país y son contraproducentes para el Jefe del Estado. Lo beneficiaría despejar sin más tardanza las dudas que ha despertado sobre el respeto al funcionamiento de los medios de comunicación en esa república andina.