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La próxima semana se presentará el anteproyecto de nuevo plan de descontaminación para Santiago. Además, en el Congreso se está iniciando la discusión de un proyecto de ley que crea un Ministerio de Medio Ambiente y modifica la actual arquitectura institucional. Este entorno representa una oportunidad propicia para convertir a Chile en líder en la solución de problemas ambientales. Es éste un objetivo estratégico que nuestros dirigentes políticos y líderes de opinión deberían abordar con entusiasmo.

Para ello, sin embargo, es indispensable aprender de la experiencia reciente e incorporar soluciones de mercado al combate contra la contaminación. En Chile, el punto de partida es bueno, lo que explica los resultados en índices internacionales de desempeño ambiental. Por ejemplo, en el ranking elaborado por las universidades de Columbia y Yale, el nuestro se ubica en el 29° lugar entre los 149 países evaluados.

Por cierto, esto no significa que no existan reparos a nuestras políticas medioambientales. Entre otros, se señala una insuficiente fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales, y tenemos políticas inadecuadas para combatir la contaminación atmosférica, como se ha observado en Santiago durante estos últimos meses. Debe reconocerse, por ejemplo, que el control de la contaminación del aire en Santiago descansa con exceso en políticas de "comando y control": son restricciones a la circulación de vehículos, a la operación de empresas, al encendido de chimeneas, entre otras, cuya eficacia no está enteramente comprobada, pero que imponen a la actividad económica costos más elevados que los necesarios. Existen riesgos de que se persevere en políticas de esta especie, que han demostrado poca efectividad en otros países.

Chile debe atreverse a usar mecanismos de mercado para lograr ese mismo propósito. Los más conocidos son los permisos de emisión comerciables, que permiten definir agregadamente las emisiones de contaminantes que son compatibles con las normas ambientales definidas para una comuna, ciudad, región o país. Una vez acordadas, ellas se subdividen en permisos que se comercializan en el mercado. Desde ese momento, sólo pueden emitir las fuentes que adquieren dichos permisos. En caso contrario, la emisión debe ser cero. Un sistema de controles aleatorios de las diversas fuentes y multas elevadas a los incumplidores garantizarían que las emisiones convergiesen a los niveles autorizados. De este modo habría claridad respecto de las emisiones autorizadas, así como mayores posibilidades de cumplir las normas ambientales, lo que, además, se haría de la manera más eficiente posible.

Por supuesto, es clave definir cuáles son las normas de concentración adecuadas para los diversos contaminantes. Eso requiere estudios de beneficios y costos sociales. En este ámbito, hay experiencias valiosas en Chile, pero muchas de las normas dictadas en el país son copiadas o adaptadas de otros países. Un esquema conceptualmente similar, sobre la base de permisos comerciables, se puede pensar para asegurar un mejor balance del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, la protección de zonas agrícolas específicas u otros bienes ambientales que el país estime pertinente abordar. Naturalmente, para validar esas acciones ambientales también se necesita una buena evaluación de los beneficios y costos sociales de llevarlas adelante.

¿Es el Ministerio de Medio Ambiente la solución?

Es curioso que cuando quiera se presentan problemas en un área en particular, como ocurre en medio ambiente, se piense que la solución supone crear un ministerio. Es ése un error, pues, antes que nada, procedería pensar en las políticas e instituciones más adecuadas para enfrentar cada problema. Sabemos que entre éstos se cuenta la falta de fiscalización, pero, como se comprueba en otros ámbitos, un ministerio no la resuelve. El proyecto que crea el ministerio va acompañado de una superintendencia, que es una solución institucional posible, pero deja intactas las fiscalizaciones que hoy están en manos de otros organismos estatales. Con ello, eventualmente, puede lesionarse aún más la coordinación que esta tarea requiere y que esquemas institucionales alternativos podrían lograr mejor.

Un ministerio no resuelve bien la tarea de control, pero sí crea otros problemas. Por de pronto, un ministerio sectorial difícilmente pondrá el acento en el balance que debe existir entre cuidado del medio ambiente y desarrollo económico. Los ministerios tienden a ser sectoriales, pero el sistema de evaluación de impacto ambiental y la generación de normas ambientales son procesos que se caracterizan por poner en juego diversos valores. Por consiguiente, se requiere una mirada intersectorial, que el actual consejo de ministros garantiza mejor que la institucionalidad que emergerá de aprobarse el proyecto de ley en su forma actual.

Además, al reemplazar las actuales coremas por seremis, se pierde la mirada local. Dichas secretarías regionales ministeriales son netamente políticas y responden al poder central. Es razonable que en las evaluaciones de impacto ambiental las instancias locales tengan una voz que el proyecto actual debilita, aunque la incorpore en otras instancias.

Por sobre todo, la creación de un ministerio tampoco asegura que se adopten nuevas políticas, más eficaces y eficientes en el cuidado del medio ambiente, como las esbozadas anteriormente. Una visión intersectorial tiene más posibilidades de introducir dichas políticas que una mirada sólo sectorial, que habitualmente privilegia un control directo de las acciones e iniciativas orientadas a lograr el control de la contaminación y la preservación de bienes ambientales valiosos.

Así, la creación de un ministerio puede alejar a Chile de un objetivo estratégico importante, como bien podría serlo el convertir al país en un ejemplo en el cuidado del medio ambiente, a través de políticas de mercado innovadoras.