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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha decidido oponerse a la libertad de tarifas de la empresa Telefónica. Según la FNE, la libertad tarifaria le permitiría a ésta discriminar en aquellas áreas en las que no enfrenta competencia en telefonía fija. También desea que se implemente la desagregación de redes, lo que haría posible que proveedores externos de servicios de internet puedan usar segmentos de la red de la empresa -una medida que va dirigida, en sus efectos prácticos, casi exclusivamente a Telefónica.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones -el organismo especializado en esta materia- está a favor de la libertad tarifaria para dicha empresa, asegurando que las nuevas condiciones tecnológicas del sector lo hacen en extremo competitivo. En efecto, se observa que el rubro "voz por línea fija" es cada vez menos importante en los ingresos de las empresas del área. Por ejemplo, los minutos hablados por clientes de Telefónica han caído, pese a que los precios efectivos son inferiores a los precios regulados, y a que los ingresos de las personas han crecido. Por el contrario, los minutos hablados por teléfonos móviles han aumentado rápidamente, incluso a nivel de teléfonos individuales. La competencia de la telefonía móvil sobre la fija es tan intensa, que la empresa discrimina en la dirección opuesta a la sugerida por la FNE: establece tarifas de prepago de bajo precio en los segmentos de menores ingresos, ya que de otra forma se cambiarían a telefonía móvil de prepago.

Ante estos datos, resulta difícil explicar lo que parece ser un análisis equivocado de la FNE. Una hipótesis son los éxitos -en algunos casos, inesperados- que ha obtenido recientemente la Fiscalía ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La oposición a la fusión de Falabella con DyS, así como el castigo a Almacenes París y Falabella en el caso de los televisores plasma, han dado una clara señal de que el tribunal mencionado estaría dispuesto a oponerse con energía a comportamientos que estima anticompetitivos o que supone podrían afectar la competencia futura. Sus decisiones recientes, aunque cuentan con un razonamiento económico-legal discutible, responden a esta tendencia.

Pero si las decisiones no cuentan con fundamentos técnicos sólidos y dependen sólo de la opinión intuitiva de los miembros del tribunal, la imagen de éste se debilita ante la opinión pública, y organismos como la FNE comienzan a solicitar medidas basadas en argumentos económicamente ilógicos. Una política de competencia es importante para el desarrollo económico, pero requiere que las decisiones correspondan a un análisis convincente, ya que de otra forma los actores obrarán sólo para no alejarse del TDLC, independientemente de los efectos reales que tengan sus comportamientos sobre la competencia en sus sectores.

Una explicación posible para el componente intuitivo de los últimos fallos es que ello obedecería a que el sistema de protección de la competencia no posee los instrumentos legales que permitan verificar lo que intuyen. De ser así, sería recomendable aprobar cambios a la Ley de Competencia que dieran mayores facultades de investigación a la FNE e incluyeran la posibilidad de arrepentimiento eficaz. Eso podría permitir que los fallos del TDLC estuvieran fundados en argumentos técnicamente muy rigurosos, a diferencia de la situación actual. De no ocurrir así, es posible que nuevos fallos basados en razonamientos débiles pudieran comprometer la legitimidad de todo el sistema de protección de la competencia.