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Política exterior, parte de la política

En esta semana no se registraron hitos políticos mayores, sino más bien hechos que a primera vista podrían parecer aislados, pero que pueden tener alcances importantes. Es el caso de las dificultades que enfrenta la DC para concurrir a un pacto por omisión con el PC, que se analiza por separado en esta página.

Lo es, también, la gira del precandidato presidencial Sebastián Piñera a Colombia y Ecuador. El cultivo de los contactos mundiales y la ponderación de las realidades internacionales en terreno y en diálogo directo con sus protagonistas no han sido una fortaleza de la centroderecha chilena. La atención, cuando la hubo, solió dirigirse más a Europa y EE.UU., con notoria postergación de lo demás. Así lo graficó, en el "boom" económico de los años 80, la frase "Bye, bye, Latinoamérica", de quien después sería aspirante presidencial. Pero la realidad es que Chile estará siempre consustancialmente inserto en el cuadro regional, con su realidad continental y sus vecinos. Podrá tener períodos de mejores políticas y lograr mayor desarrollo en ciertas áreas que el resto de la región, pero no puede olvidarse ni desprenderse de los problemas de ésta.

Es evidente que la apertura comercial de Chile, en un marco de globalización, es vital para nuestro desarrollo. De allí que la Cancillería, bajo la conducción del economista Alejandro Foxley, pusiera acento en lograr sucesivas fases cada vez más avanzadas de apertura, con la multiplicación de variados instrumentos de comercio internacional. Pero la realidad regional es tan fuerte, que de ella surgen las líneas de tensión más sensibles de nuestra política exterior, de las que deberá ocuparse con prioridad toda administración futura. Ocurre así con la relación con Argentina, por el desabastecimiento del gas natural de ese origen. Así también la siempre difícil relación con Bolivia, cualquiera sea el matiz político de sus gobernantes. E igualmente con Perú, que ha planteado una repentina interpretación limítrofe que lleva hasta la Corte de La Haya.

Por tanto, quienes compitan en la próxima elección presidencial necesariamente tendrán que considerar la política exterior como un factor de primera importancia. Ninguno de los candidatos podrá omitir el planteamiento de sus posiciones al respecto, tanto en materia vecinal y regional como frente al comercio internacional, del que Chile hoy depende.

En ese cometido, deberá dejarse atrás el error no infrecuente de guiarse por simpatías ideológicas con unos u otros gobernantes. Éstos son siempre temporales, pero lo históricamente determinante para los países es la capacidad de hacer valer sus derechos e intereses. Por cierto, no se ignoran las naturales afinidades, y de allí que personeros de la Alianza estén actuando con creciente intensidad y presencia en instancias internacionales de centroderecha, en nuestro continente y en otros, como las otras formaciones lo han hecho en las internacionales socialdemócrata y DC. Pero eso no excluye la realidad de que quienquiera gobierne en el futuro habrá de enfrentarse con designios de largo plazo de terceros países, que pesan mucho más que las afinidades ideológicas o personales.

De allí, por ejemplo, lo acertado de que la Presidenta Bachelet asigne igual atención a las relaciones con el gobierno del Presidente Calderón -quien visitará Chile en un futuro próximo- que a aquellas con el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, con la cual puede tener mayor concordancia personal. Y, similarmente, que el precandidato Piñera visitara, la semana pasada, a los presidentes Uribe y Correa, de opuestos signos.

Las ideologías deben reservarse a los partidos; de los gobiernos se espera -y se necesita- pragmatismo. Esto ahorraría episodios penosos, como la identificación de personeros oficialistas chilenos sólo con determinadas candidaturas en pasadas elecciones presidenciales vecinales.

También "jarrazo" y derechos humanos

El jarro de agua lanzado contra la ministra de Educación puso a ésta en el primer plano de atención, mucho más allá de la absurda situación de que complejas políticas públicas se debatan no en un diálogo de especialistas, sino con una exaltada alumna de 14 años. En su breve gestión, Mónica Jiménez ha buscado encaminar al sector educación al lugar que debería corresponderle: en la primera línea de las prioridades políticas nacionales y gubernamentales. De la calidad educacional depende, literalmente, el desarrollo socioeconómico del país, y a ella se han destinado durante dos décadas inmensos recursos, sin resultados significativos. En consecuencia, el ministro del ramo debería personificar una de las primeras prioridades políticas. Así ocurrió cuando Ricardo Lagos ocupó ese cargo, con independencia del juicio sobre los resultados de su gestión. Jiménez ha procurado impulsar los prerrequisitos ineludibles para mejorar la calidad, entre otros poner un mínimo de orden y modernidad en las dependencias estatales responsables, y ha tenido pronunciamientos importantes a favor de la evaluación de los docentes. Al término del Gobierno de Bachelet, y más allá aún de una nueva Ley General de Educación, su legado podría ser el de dejar instalado al Ministerio de Educación como una secretaría de Estado prioritaria, en la que el gobierno siguiente debería nombrar a un sucesor de especial selección, por la necesidad de continuar una trayectoria nacionalmente reconocida.

También reemergió esta semana el tema de los derechos humanos. Por su gravedad, los delitos de que da cuenta el auto de procesamiento del ministro Carroza merecen el mayor rechazo, y cabe exigir su completa aclaración y la determinación de las correspondientes responsabilidades criminales. Sin embargo, las palabras del magistrado en cuanto a que algunos procesamientos -entre ellos, el de un ex vicecomandante en jefe del Ejército- apuntan a la "responsabilidad del mando" pueden llamar a confusión, pues en el ámbito penal las responsabilidades son personales, se deben acreditar siempre en el proceso y, por tanto, no pueden desprenderse sin más del cargo que desempeñaba el imputado, por alto que fuera. Si hubiere responsabilidades penales, ellas deben hacerse efectivas, pero con estricto atenimiento al derecho chileno.