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Más de 550 mil millones de pesos -si se excluyen los recursos destinados a la recuperación y desarrollo urbano de Valparaíso- contempla la Ley de Presupuestos de este año para la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Son montos cuantiosos, que requieren una buena gestión, tanto más cuanto que diversos sectores políticos, especialmente alcaldes, plantean dudas respecto de la imparcialidad con que ellos son asignados.

En muchas ocasiones, tales acusaciones son infundadas, debido a que, por una parte, el hecho de que el presupuesto se entregue a través de esta repartición no significa que ésta tenga una gran capacidad para influir en su asignación. Es el caso de los fondos para inversiones regionales o de aquellos distribuidos de acuerdo con criterios estrictos de pobreza o población, establecidos en diversas leyes específicas. Por otra parte, hay también varios programas con fines determinados de discutible efecto político, como las asignaciones contempladas para innovación, para rescate del patrimonio o para infraestructura educacional, que son responsabilidad de esta subsecretaría y que también requieren satisfacer requisitos especiales.

Con todo, existe igualmente una serie de iniciativas en las que la asignación tiene un carácter más discrecional y en cuya concreción pueden abrirse las puertas a criterios políticos de corto plazo más que a consideraciones sociales o de interés general. Es el caso de programas como infraestructura rural, saneamiento sanitario, fortalecimiento de gestión, equipamiento comunal y mejoramiento de barrios. Estos y otros programas similares significan desembolsos cercanos a los 100 mil millones de pesos. Por cierto, muchos de ellos deben ser rendidos ante las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara, o sus asignaciones están enmarcadas en criterios definidos por entidades como el Banco Mundial, pero es sabido que en esta clase de asuntos hay importantes asimetrías de información que dificultan un control acabado, que dé garantías de una asignación no discrecional.

Es justo destacar que de los antecedentes disponibles se desprende que hay bastante transparencia en la destinación de estos recursos y la distribución de los mismos no evidencia sesgos en un sentido u otro. Éste es un avance que debe reconocerse. Sin perjuicio de ello, precisamente por los mencionados problemas de asimetría, eso no es una garantía suficiente de que las asignaciones sigan siempre reglas predecibles e imparciales. El problema que debe atenderse consiste en cómo cautelar institucionalmente que se estatuyan y apliquen reglas de esta naturaleza para la asignación de los recursos, y que ellas se cumplan en todo momento, considerando que los arreglos actuales parecen insuficientes y precarios. Cabe notar que en países desarrollados es difícil encontrar ejemplos en los que las autoridades políticas sean las que determinan la asignación de los recursos una vez definidos los programas a financiar, los montos comprometidos con cada uno de ellos y los criterios para distribuirlos. El debate público se produce en esas tres dimensiones, pero los políticos no son los responsables de ejecutar la asignación, por los obvios conflictos de interés a que pueden verse sometidos.

La necesidad de asegurar mayor imparcialidad -en especial para dejar de lado aprensiones de eventual intervención electoral del Ejecutivo- se refuerza por el hecho de que crecientemente se asignan recursos a través de programas, en vez de hacerlo a través de los servicios públicos. Tales programas son habitualmente gestionados por funcionarios de confianza del gobierno de turno -la Subsecretaría de Desarrollo Regional es un ejemplo de ello-, en vez de serlo por profesionales de un Estado al servicio de todos los ciudadanos. Un arreglo institucional factible es que estos programas cuenten con directorios de composición transversal, que velen por una buena gestión de los recursos y por su asignación imparcial.