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Con una recién concluida huelga de hambre parcial (durante la jornada de trabajo), los vigilantes de Gendarmería volvieron a protestar por su excesiva carga laboral y sus bajos sueldos. Esta realidad no es nueva -año a año la constata el in-forme sobre situación carcelaria de la Universidad Die-go Portales-, pero ha tendido a agudizarse, como un corolario más del problema delictivo. Dado que la población penal crece y crece, los efectos de las inyecciones de recursos financieros y humanos se desvanecen. En 2003 se legisló para aumentar en casi cinco mil personas la planta de gendarmes -no consta que ese aumento de dotación se haya hecho efectivamente- y darles 72 por ciento de aumento, pero aun así no se alcanzó el estándar internacional, que recomienda un vigilante por cada 2,6 reclusos. Se estima -Gendarmería no entrega sus datos actualizados con facilidad- que Chile tiene hoy uno por cada 4,5 reclusos, aproximadamente.

La situación no se resolverá por el solo aporte de nuevos recursos a Gendarmería -la eficiencia de cuyo gasto, además, quedó en tela de juicio cuando en marzo de este año una comisión investigadora de la Cámara detectó severas irregularidades y desórdenes administrativos en dicha institución, tras las denuncias de un grupo de parlamentarios-. El actual acuerdo de mejoramiento probablemente devolverá por un tiempo la normalidad, pero ésta es siempre precaria en las condiciones actuales.

En Chile hay hoy más de 45 mil personas privadas de libertad, cifra que ha venido creciendo y que podría seguir haciéndolo, a la par de iniciativas como la "agenda corta", que aumentó la pena para reincidentes, o la propuesta de elevar la sanción de los homicidios. Con 299 reclusos por cada 100 mil habitantes, Chile ocupa el lugar 36 en el listado de 217 países, y en Sudamérica sólo es superado por Guyana Francesa y Surinam.

Aunque este incremento en la población penal podría sugerir un mayor control del delito, también refle-ja la falta de una estrategia antidelictiva global, de di-suasión y prevención de la comisión de delitos, y de re-habilitación y reinserción de quienes ya se iniciaron en el mundo delictivo.

En lo estrictamente penitenciario, urge racionalizar el uso de la cárcel, manteniéndola para los casos más graves y para aquellos en que su función inhabilitadora resulte esencial. Con menos internos, se alivian el hacinamiento y la sobrecarga laboral de los funcionarios, lo que redunda en un mayor nivel de seguridad dentro de los establecimientos penales y permite un trabajo de rehabilitación con los penados, para reducir la reincidencia al egreso. Pero, como complemento indispensable, debe fortalecerse sustancialmente el sistema de penas alternativas, para que quienes cumplen su pena en el medio libre (más de la mitad de los condenados) sean vigilados adecuadamente y reciban asistencia para su reinserción. Sólo así sería prudente racionalizar el uso de la pena privativa de libertad.

Tanto en el sistema carcelario como en el medio libre hay aspectos normativos, presupuestarios y de gestión que urge abordar, para poder desarrollar una política penitenciaria que contribuya a la seguridad ciudadana. Hasta ahora, sin embargo, no se observa real voluntad política de asumir esta tarea. Las protestas de Gendarmería recuerdan, una vez más, que ella es impostergable.