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Tras varios años de descontento de los usuarios, parece que por fin será posible usar los tags en las carreteras interurbanas. Esto evitaría o, al menos, reduciría las enormes aglomeraciones que se producen en los fines de semana largos. Dado que esa tecnología está disponible en nuestro país desde el inicio de las carreteras urbanas, este atraso denotaría una falla negociadora de la Dirección de Concesiones del MOP. Ejemplo de ello es que aún no se haya conseguido que los usuarios reciban una sola cuenta unificada para pagar las autopistas urbanas. Un manejo más eficiente habría conseguido una solución que mejore la situación de todos los participantes: las concesionarias, porque en vez de cuatro sistemas de cobranza, sólo habría uno, y los usuarios, pues sólo tendrían que pagar una cuenta cada mes. Al parecer, la referida dirección teme imponer su decisión por sobre la de los concesionarios, aun en un proyecto que los beneficia.

El caso de los tags interurbanos es algo más complejo, pero también en él los intereses de los usuarios han sido postergados. La oposición de los concesionarios es aquí más comprensible, pues temen los incobrables y el costo financiero de un pago diferido en el tiempo, inexistentes bajo el sistema actual de peajes manuales. Pero las bases de licitación de las carreteras interurbanas fijan obligaciones en términos de sistemas de cobro electrónico. Por ejemplo, las bases de licitación (Bali) refundidas de la concesión Santiago-Talca exigen que el concesionario proporcione dos pistas en cada sentido, habilitadas para un sistema de cobro electrónico en el peaje de Angostura; además, que la tecnología utilizada sea compatible con la de otras concesiones, y que el concesionario entregue 200 mil tags sin cobrar más de 0,3 UF, y no más de 0,8 UF por los que excedan ese número. Más aún, las Bali determinan que si el tiempo de espera promedio en una plaza de peaje excede los cinco minutos durante un período de dos horas, deberán modificarse los sistemas de atención al público o agregar más plazas de peaje (en un plazo de seis meses a lo más), y si se exceden los ocho minutos, se debe pagar una multa cada vez que eso ocurra.

Se advierte que en los fines de semana hay incumplimientos en esta medida de la calidad de servicio que reciben los usuarios respecto de la exigida en las Bali. Aparentemente, la concesión tampoco ofrece tags interoperables con los de otras carreteras concesionadas. Además, el MOP podría cobrar efectivamente las multas por congestión en las plazas de peaje. Al cobrarse cada minuto en que se violan las condiciones de servicio, pueden sumarse cantidades considerables si se producen atochamientos por varias horas, como ocurrió durante las Fiestas Patrias. Los incumplimientos de las Bali y la posibilidad de multas le dan al MOP instrumentos para presionar a los concesionarios interurbanos con el fin de que adopten un sistema único de tags, con una sola cuenta mensual. Esto tendría un costo para los concesionarios en términos de cuentas impagas, pero les permitiría reducir el número de pistas en las plazas de peaje y, al ofrecer un mejor servicio, mejorarían su imagen, deteriorada cada fin de semana largo.

El ministro Bitar ha advertido la impopularidad de las concesiones luego de las largas esperas en las plazas de peaje. Cabe confiar en que ahora su negociación sea eficaz y lleve a que los concesionarios abandonen una visión cortoplacista. Urge conseguir que, por fin, se adopten la cuenta unificada y el tag en las carreteras interurbanas, en común beneficio de usuarios y concesionarios.