• Últimas
  publicaciones

• Desempeño de colegios en PSU
  (23/01/2009)
• Auditoría a Conicyt
  (23/01/2009)
• Brasil desplegado
  (23/01/2009)
• Constitución boliviana y el mar
  (22/01/2009)
• Lineamientos económicos de Obama
  (22/01/2009)
• Evaluación de estrategia
  (22/01/2009)
• Obama Presidente: cambios que vienen
  (21/01/2009)
• Nuevos tribunales
  (21/01/2009)
• Opción por el empleo privado
  (20/01/2009)
• Eliminando la "cultura del secretismo"
  (20/01/2009)
• Logro del barrio Yungay
  (20/01/2009)
• Aporte a universidades estatales
  (19/01/2009)
• Una postergación previsible
  (19/01/2009)
• Enfoques internacionales: "La repostulación de Hugo Chávez"
  (19/01/2009)
• Lecciones del Registro Civil
  (18/01/2009)

En días recientes, el ministro del Interior subrogante, Patricio Rosende, rindió cuenta públicamente respecto de los avances logrados mediante la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública durante el año 2008. En lo medular, planteó que de las 126 metas fijadas para dicho año, casi el 89 por ciento se habría cumplido por parte de los 11 ministerios y 12 servicios públicos comprometidos. A primera vista, un alto porcentaje de cumplimiento pareciera ser un excelente resultado.

Sin embargo, la Estrategia en sí y la cuenta pública en comento ponen en evidencia las graves falencias conceptuales y prácticas que imperan en el aparato público: existen énfasis excesivos, si no exclusivos, en la creación o instalación de instancias o programas y en el cumplimiento de indicadores de procesos, mas no de resultados. La existencia de una Estrategia integral ciertamente es un avance en materia de políticas públicas antidelictivas, pero lograr que lo emprendido sea un uso eficiente y socialmente rentable de los recursos públicos obliga a exigir estándares de gestión más altos. La única meta relativa a resultados contemplada en la Estrategia es el objetivo global de reducir la victimización respecto del año 2005 (en 10 por ciento en el caso de la victimización individual y en nueve por ciento en el caso de la victimización en hogares). Sin embargo, ninguna de las 126 metas propuestas tiene que ver con la victimización, sino que con la creación de alguna instancia o equipo de trabajo, la tramitación de alguna ley, la realización de alguna actividad, o la cobertura de un determinado programa. En una proporción significativa de metas, se trata, además, de actividades que las diversas instituciones comprometidas venían realizando de todas formas, con o sin la existencia de la Estrategia. Lo anterior, en un contexto en que existe amplio consenso técnico respecto de que el logro de mayores niveles de éxito en las medidas emprendidas no radica, salvo excepciones, en los recursos asignados o en la cobertura de los programas, sino que en cómo se gastan esos recursos y en qué se hace en concreto en los programas.

El conocimiento acumulado en el mundo en relación con el fenómeno delictivo y las estrategias exitosas para reducirlo indican que las soluciones a los problemas que causan o fomentan la actividad delictiva son altamente específicas no sólo al tipo de delito, sino que al lugar y horario en que se manifiestan, y las características de los hechores y las víctimas, entre otros factores. El éxito depende, además, de la instalación de procesos de ensayo y error, en que se corrige el rumbo de acuerdo con los resultados obtenidos en evaluaciones rigurosas. Mientras estos principios no imperen en la gestión de todas y cada una de las instituciones que intervienen en la prevención y en el control del delito, y sus directores no rindan cuenta sobre la base del impacto que su gestión haya tenido en la actividad delictiva, la rentabilidad social del gasto en este ámbito seguirá siendo baja y no habrá reducciones significativas y sistemáticas de las tasas delictivas.