Al igual que en muchos países de diversas latitudes y niveles de desarrollo, los jóvenes chilenos son seleccionados a las universidades a través de un sistema que combina trayectoria escolar y pruebas estandarizadas. La manera específica en que se produce esta combinación en los distintos países difiere, y en algunos de ellos ambas dimensiones están completamente integradas. La evaluación externa de los instrumentos de selección suele ser más frecuente y transparente que en la experiencia chilena. En este ámbito tenemos estándares muy bajos. Por eso es muy positivo que el Consejo de Rectores esté considerando una evaluación internacional de la prueba de selección universitaria. En las últimas semanas han transcendido diversos antecedentes que sugieren problemas en la administración de la prueba.
En parte, ello es producto del cambio poco meditado que se realizó en el sistema de admisiones hace seis años, cuando se reemplazó un sistema de pruebas de aptitud y específicas con referentes importantes en el concierto internacional por un sistema sin referentes reales. En esos momentos, se prometió, entre otros aspectos, mayor transparencia en la información sobre la marcha de las pruebas. Aunque ha habido algunos avances al respecto, se está todavía muy lejos de observar los estándares que se advierten en otros países. Así, por ejemplo, existe un estudio sobre validez predictiva de las nuevas pruebas que requirió de una base de datos a la que no pueden acceder los investigadores nacionales. Información como ésta debería ser de libre disposición.
Una auditoría internacional debería evaluar también, entre otros aspectos, la conveniencia de que exista una sola prueba de matemáticas, la extraña prueba de ciencias que combina tres materias -algo que no se observa en otras latitudes-, y si correspondería tener una mayor variedad de pruebas para que las universidades afinaran mejor sus procesos de selección. Parece apropiado también que se reflexione sobre la institucionalidad que administra la prueba. Ésta debería tener un gobierno corporativo distinto al actual, posiblemente un directorio colegiado que represente a las diversas instituciones de educación superior que seleccionan a sus estudiantes a través de las pruebas existentes, responsable de tomar las decisiones de ampliación y perfeccionamiento de los instrumentos de selección. De este directorio deberían depender los equipos técnicos necesarios para elaborar y administrar la prueba, estudiar su confiabilidad y validez predictiva y proponer cambios en los instrumentos. Ese directorio debería también contratar auditorías internacionales periódicas que le ayuden a ejercer una mejor supervisión de los equipos técnicos de su dependencia.
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