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Con una publicitada huelga de hambre, Evo Morales consiguió levantar a sus partidarios y llamar la atención internacional durante más de cinco días, para presionar a los congresistas opositores y llegar a un acuerdo que permitiera aprobar finalmente una ley electoral que le asegure una de sus conquistas fundamentales, plasmada en la nueva Constitución: presentarse en diciembre a un nuevo mandato presidencial y elegir a los miembros de la ahora llamada Asamblea Plurinacional.

Con frases como "el pueblo no debe olvidar nunca que está a la cabeza de los procesos revolucionarios", o "con la fuerza del pueblo es posible obligar a esos pequeños grupos" que "perjudican desde el Congreso", el Mandatario boliviano usó el "poder popular" para llevar a la oposición por la ruta de cambios que él impone. En este caso, logró torcerle la mano en varios puntos pendientes de la ley, si bien debió ceder en uno clave, la creación de un nuevo padrón electoral digitalizado y biométrico, que garantice un proceso electoral más transparente y con menos denuncias de fraude. La oposición se mantuvo firme en exigir nuevas inscripciones, tras denunciar fallas en los comicios de enero -para los que estaban registrados unos cuatro millones de bolivianos-, en los cuales habría detectado 700 mil "homónimos perfectos", 150 mil cédulas de identidad duplicadas, y más de siete mil votantes que sobrepasaban los 100 años de edad.

En lo que sería una suerte de empate, la oposición debió aceptar los votos de los bolivianos en el extranjero, que se estima beneficiarán al gobierno, en especial los de Argentina. Para cumplir con la demanda del nuevo registro, que costaría unos 35 millones de dólares, Evo ha dicho que renunciará a la compra de un avión presidencial para sus giras a Europa y América Latina, lo cual lo obligará a seguir "sintiendo vergüenza" de viajar en naves facilitadas por gobiernos amigos. Un alto precio para quien ya ha hecho de las visitas al exterior un componente clave de sus "alianzas estratégicas" con naciones "antiimperialistas".

Otro tema que se zanjó en el Congreso boliviano con una suerte de empate fue el de las diputaciones indígenas, que quedaron en siete, en circunstancias de que el oficialismo quería darles 14 y la oposición, cuatro. Estos cambios son vitales para los objetivos de Morales, que quiere consolidar su mayoría legislativa, ya que hasta ahora todas las reformas han sido complicadas, porque la leve mayoría que mantienen los opositores en el Senado impone un límite al gobierno, que debe negociar cada vez que quiere pasar una ley.

Es indudable que la nueva Constitución ha abierto el sistema político boliviano y ha incorporado a sectores de la población, especialmente indígenas, que antes estaban marginados. Sin embargo, hasta ahora, las reformas de Morales no han traído más prosperidad a esos mismos bolivianos. Sin mencionar los escándalos de corrupción, la nacionalización de los hidrocarburos se ha topado con problemas como la poca productividad, escasas inversiones, una renegociación desfavorable para La Paz de los contratos con Brasil y Argentina y una brusca caída de los precios internacionales. En ese contexto, no es raro que Morales confíe en que las movilizaciones populares sean su mejor carta de triunfo para seguir gobernando hasta 2015.