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De la gradual entrada en vigencia de la Ley N° 20.322, publicada el 27 de enero de 2009, se espera la implementación de una nueva y moderna justicia tributaria y aduanera. Con esto se intenta superar un sistema judicial cuyas deficiencias son de sobra conocidas.

Si bien subsiste aún una serie de discrepancias respecto de la conveniencia o inconveniencia de sus diferentes normas, es claro que la sola dictación de dicha ley y la puesta en marcha del nuevo sistema significan un enorme avance en el modo de impartir justicia en esta área importantísima. Con esto se busca superar problemas tan básicos como la imparcialidad y formación jurídica de los tribunales de instancia, que estaban hasta ahora entregados al propio Servicio de Impuestos Internos.

Sin embargo, el reto que se enfrenta ahora parece incluso mayor que el que representaba diseñar un nuevo sistema. La implementación de las reformas procesales en nuestro país durante los últimos años no ha sido tan satisfactoria como habría sido deseable y posible. Tras un éxito rotundo en la implementación y corrección gradual de la reforma procesal penal, las experiencias relativas a los tribunales de familia, la justicia penal adolescente o la implementación de los tribunales laborales no han corrido la misma suerte. De hecho, el "colapso inicial" se ha constituido en denominador común de esos procesos.

Es de esperar que la implementación progresiva de la nueva justicia tributaria permita anticipar los problemas de infraestructura, dotación y recursos que exigirá el nuevo sistema, de modo que su operación no signifique indefensión o retardo, ni afecte a los ciudadanos que requieran de su actuación. Asimismo, cabe presumir que esta implementación gradual será utilizada efectivamente para mejorar de inmediato los defectos que se detecten. Durante su propia marcha debería ir corrigiéndolos e, incluso, poner a prueba la propia estructura judicial en estos asuntos.

Esto, porque una verdadera justicia especializada no solo exigirá tribunales de instancia especializados, sino que incluso llevará a una revisión de la especialización de los tribunales superiores.

Es posible que en el proceso de modernización de la cúspide de la estructura judicial chilena deban considerarse también mecanismos de especialización que permitan dotar no sólo de calidad, sino, además, de congruencia a las decisiones relativas a los conflictos tributarios.