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Un reportaje realizado por este diario mostró importantes diferencias en los precios que las clínicas y hospitales privados cobran por los exámenes médicos a sus pacientes. Las diferencias detectadas para cada examen, entre el precio más alto y el más bajo, alcanzaron un promedio de 200 por ciento, con casos puntuales en que dicha diferencia superó el 500 por ciento. Es necesario aclarar que se trata de los precios de lista de los centros consultados, por lo que no incorporan los descuentos que normalmente logran los afiliados a las isapres, descuentos que resultan de negociaciones que cada una de ellas realiza con cada uno de dichos centros, tanto por el valor a pagar por los exámenes médicos como por el resto de las prestaciones, aprovechando el alto volumen de transacciones que llevan a cabo con éstos.

Aun cuando ello podría hacer disminuir esas diferencias, de todas formas las cifras involucradas son suficientemente significativas como para capturar la atención y en algunos casos la inquietud del público, además de la ya generada en las autoridades. De hecho, en la reunión especial sobre salud a la que convocó la Presidenta Bachelet a su ministro y subsecretarios del ramo, trascendió que éste fue uno de los temas tratados.

Aun cuando los exámenes de laboratorio pueden ser realizados con mayor o menor prolijidad, utilizando reactivos de mayor o menor calidad, con equipos más o menos modernos, y en volúmenes que admiten mayores o menores economías de escala, el que existan estas diferencias de precios ilustra una cierta opacidad en el mercado de salud. Ésta proviene del hecho de que los pacientes, una vez admitidos a una clínica u hospital privado, no tienen más opción que aceptar los valores que dicha institución cobre por los exámenes médicos que requiera. Quienes defienden a los pacientes de esa condición son justamente las isapres -que pagan la mayor proporción de dichos exámenes-, las que sí tienen la capacidad negociadora para conseguir importantes descuentos por ellos de manera anticipada. Sin embargo, ese beneficio para el paciente, que para la isapre es una disminución de costos, implica que en el futuro estas entidades querrán controlar sus costos por medio de una mayor supervisión de las indicaciones médicas en los tratamientos a los pacientes. Ello provocará tensiones con éstos, como ha ocurrido en otras partes del mundo, pero ha sido uno de los caminos más directos para controlar los costos crecientes que exhibe la salud.