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El ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sería muy positivo, pues ella reúne a países comprometidos con la democracia, la economía de mercado y elevados estándares en el diseño de sus políticas públicas. Para esto, Chile debe adaptar algunas de sus instituciones a las exigencias de dicha entidad. Entre ellas se encuentra la obligación de intercambiar información tributaria entre países, cuando ésta sea necesaria para la correcta aplicación de una convención tributaria, o para que los miembros puedan dar aplicación efectiva a sus propios códigos tributarios.

Para cumplir este requisito, el Gobierno envió un proyecto de ley que aspira a consagrar dicho intercambio de información tributaria. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue rechazado -aunque se recomendó la idea de legislar sin un texto específico-, porque hay discrepancia sobre el alcance que debe tener esta reforma a nuestro Código Tributario. Muchos objetan que el proyecto contemple la solicitud de información para fiscalizar y aplicar la normativa tributaria, sin que quede claro si tal petición tiene antecedentes fundados. Eso le otorgaría a la autoridad tributaria una competencia en exceso amplia. La persona a la que se solicita la información podría eventualmente negarse, pero para balancear de manera adecuada el poder de coerción del Estado con las libertades individuales y la privacidad de una persona, ésta no debería quedar sometida a semejante decisión administrativa sin antecedentes fundados de evasión. El director de Impuestos Internos ha planteado que la recaudación tributaria podría aumentar en 800 millones de aceptarse esta reforma, pero precisamente eso no puede ser el resultado de fiscalizar de manera indiscriminada a los contribuyentes.

La propia OCDE, en su explicación del artículo 26 de su convención tributaria -que precisa la naturaleza del intercambio tributario-, señala que los países que solicitan la información tienen que demostrar la relevancia de su petición y que domésticamente ha hecho todo lo posible para conseguir la información por otros medios.

Este principio debería incorporarse en la reforma que plantea el Gobierno. La redacción de la misma no es precisa en este punto, pero la autoridad ha insistido en la indivisibilidad entre el cumplimiento de la norma internacional y el perfeccionamiento de la fiscalización interna. Sin embargo, el proyecto iría más allá de lo que exige esa norma, al no establecer causales fundadas para solicitar información.

El Gobierno debería recapacitar en esta materia, tanto más si se considera que varios países miembros de esta organización permiten la solicitud de información sólo bajo condiciones muy estrictas.