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En una semana marcada por la lucida visita de la Presidenta Bachelet a EE.UU. y México -con gestos decidores del buen estado de las relaciones con esos países-, la campaña presidencial en Chile tuvo un giro paradójico. Siendo evidente la similitud en las visiones globales de los principales candidatos, Sebastián Piñera y Eduardo Frei -lo que constituye un importante activo dentro y fuera del país-, parecería que se busca exacerbar cualquier diferencia en busca de remarcar una identidad que entusiasme a más electores: no bastaría -parece creerse- la mera difusión de sus planteamientos, porque, salvo un esfuerzo algo artificioso, es mucho más aquello en que coinciden que aquello que los diferencia.

Y el tercero en disputa, Marco Enríquez-Ominami, procura mantener la expectación causada por su irrupción mediática -que, aparentemente, no encontró el eco esperado en la encuesta del CEP-, subrayando con aspereza los inconvenientes de Frei y Piñera. Esta semana auguró graves catástrofes si ganara cualquiera de sus principales competidores, y subraya por igual sus filias y sus fobias. Hace pocos días explicó que la única razón para asumir una responsabilidad central en la campaña presidencial de Ricardo Lagos -al que hoy recrimina ácidamente- fue impedir que Lavín ganara la elección. Pero hay poca novedad en esta conducta más propia del pragmatismo de políticos fogueados que de jóvenes movidos por el ideal de renovar la política.

Con todo, la competencia electoral en democracias maduras tiene un ingrediente de fricción, y no todos los argumentos de ese debate son sutiles. Muchos de ellos parecen consignas, que se formulan en términos muy gruesos, para comprensión de un público masivo.

Ésta es la oportunidad para contrastar a los candidatos con los temas mayores que preocupan a grandes sectores de chilenos o a grupos muy activos en la promoción de sus agendas. Y en ello compiten tanto las propuestas concretas como las cualidades personales que se presumen a cada uno para implementarlas.

De la píldora a los problemas mayores

Así, en las próximas semanas asistiremos al ya conocido debate político sobre la propuesta del Gobierno para permitir la distribución de la "píldora del día después" en los servicios estatales de salud, y los complementos y variantes que hará la alianza liderada por Piñera.

Pero las diversas candidaturas también deberán pronunciarse sobre la cesantía, que podría alcanzar los dos dígitos -con unas 800 mil personas buscando trabajo-, cuando el INE entregue, este martes, las cifras correspondientes al trimestre marzo-mayo.

Igualmente, deberán responder a las inquietudes que suscita el tonel sin fondo en que se ha convertido el Transantiago. ¿Cómo se resolverá la incertidumbre sobre ese déficit sin control aparente? La pérdida operacional de mayo pasado -la más alta del año en curso- fue de casi 60 millones de dólares -alrededor de 14 por ciento mayor que la de igual mes en 2008.

La crisis de salud provocada por la acción conjunta de la influenza humana y el virus sincicial también demanda la toma de posiciones de los abanderados presidenciales en una coyuntura que evidencia, entre otros, la falta de especialistas médicos en la red pública.

Y la opinión pública sufre la desenfadada, impune y creciente participación de menores en la delincuencia, lo que obliga a evaluar el funcionamiento de la Ley Penal juvenil.

Sobre cada uno de esos temas -y muchos otros que irán surgiendo en los meses venideros- deberán los candidatos ofrecer respuestas precisas a la ciudadanía.

El Gobierno y su campaña

Pero no todos los candidatos participan en igualdad de posiciones en este debate. A aquellos que registran alrededor del uno por ciento en las encuestas les es difícil atraer la atención de los medios de comunicación para dar a conocer sus propuestas.

Por otra parte, la campaña oficialista se beneficia doblemente del Gobierno: por la alta popularidad presidencial, que debería favorecer naturalmente a quien se presenta como su continuador, y por la desinhibida voluntad de las autoridades -que se expresa con rudeza en la prensa estatal- de respaldar la candidatura de Frei y atacar la de Piñera.

La determinación de que la Mandataria entregue la banda a un sucesor de su misma coalición, unida al afán de mantener muy en alto su popularidad hasta el final de su período, puede inducir a errores o acciones reñidas con una democracia moderna. Podría suceder así con la millonaria campaña que prepara el Gobierno para informar sobre su red de protección social -que se detalla en esta misma edición-. Según el momento en que se difunda y las razones que se den, tal vez se respeten formalmente los límites que el propio Gobierno fijó en la Ley de Financiamiento Electoral, a fines de 2006. Ellos prohíben a los organismos estatales que durante la campaña electoral "emitan publicidad" o "hagan difusión sobre políticas de gobierno, exceptuándose aquellas campañas impostergables de utilidad pública necesarias para el cumplimiento de sus funciones". No sería democráticamente correcto ni aceptable aplicar el criterio de que "gobernar es hacer campaña con otros instrumentos".