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Lo que parecía una pugna institucional más en un país centroamericano se transformó en cuestión de horas en una crisis que ha crecido hasta agitar a las cancillerías y gobiernos de toda América Latina, poniendo a prueba el funcionamiento de los múltiples organismos internacionales de la región. Todo comenzó con una iniciativa del Presidente Manuel Zelaya, que quiso realizar ayer una "consulta popular" en la que los hondureños manifestaran su aprobación o rechazo a instalar una urna adicional en las elecciones generales del 29 de noviembre, en la que pudieran pronunciarse respecto de la creación de una Asamblea Constituyente. Los sectores de oposición interpretaron eso como un inequívoco intento de reelección presidencial.

Zelaya, cuyo mandato de cuatro años concluía el próximo 27 de enero, destituyó el miércoles al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, por negarse a acatar la orden de repartir las urnas y el material electoral, procedentes de Venezuela. La Corte Suprema de Justicia ordenó a Zelaya restituir a Vásquez en su cargo, mientras el Congreso Nacional también adoptaba un decreto rechazando su destitución.

Esa pugna de poderes se transformó en un golpe de Estado cuando ayer un grupo de militares arrestó a Manuel Zelaya y lo subió a un avión con destino a Costa Rica. En horas de la tarde, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, juró como nuevo Presidente de Honduras, tras la decisión del Legislativo de desconocer la autoridad de Zelaya, argumentando que había violado la Constitución al no respetar el dictamen del Tribunal Electoral que le impedía realizar la consulta de ayer.

Las reacciones a nivel regional y mundial se inflamaron y continúan sucediéndose hasta este momento. El Secretario General de la ONU, José Miguel Insulza, solicitó viajar a la brevedad a Tegucigalpa, en tanto estuvieran dadas las condiciones de seguridad. Y un amplio número de gobiernos -incluyendo al de Chile-, junto con condenar la deposición de Zelaya, exigió la aplicación inmediata de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Todos coincidieron en que cualquier solución al conflicto supone necesariamente el regreso de Zelaya -un terrateniente y empresario amante de los aviones y los caballos, que llegó al poder democráticamente en enero de 2006 apoyado por el conservador Partido Liberal, pero que desde entonces había dado un fuerte giro hacia la izquierda, acercándose a regímenes como los de Venezuela y Nicaragua.

El golpe de Estado en Honduras reconfirma la fragilidad democrática en muchos países latinoamericanos, en los que la delgada formalidad institucional no es capaz de proveer efectivos mecanismos de resolución de conflictos políticos.

Asimismo, pone a prueba una vez más a la OEA y a la variedad de otros organismos regionales, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el Mercosur o la Comunidad Andina (CAN). Ahora se espera de ellos que puedan desempeñar alguna acción útil para garantizar la paz social de los hondureños, más allá de simples declaraciones a los medios.

El papel de ALBA

Significativamente, esta misma semana, en la ciudad venezolana de Carabobo se concretó el ingreso de Ecuador -junto con las naciones caribeñas de San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda- a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), lo que representó un nuevo paso en la historia de este proyecto de integración continental impulsado por el Presidente Chávez.

ALBA surgió en 2001 con el apoyo de Caracas y La Habana, como una iniciativa paralela al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propuesta por EE.UU., y formalizó su existencia en diciembre de 2004, tras la "Declaración Conjunta" que sus miembros firmaron en Cuba. Integrada hasta la semana pasada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Cuba y Honduras, ahora, con estas nuevas incorporaciones, suma un total de nueve países, mientras Paraguay mantiene todavía su condición de observador.

Con la actual crisis en Tegucigalpa, ALBA enfrenta su primer gran desafío, no sólo porque Honduras es parte del grupo, sino por el calibre de sus reacciones. El Presidente Chávez anunció rápidamente una cumbre extraordinaria de sus países miembros en Managua, capital del gobierno de su cercano seguidor Daniel Ortega -contando con la presencia del propio Manuel Zelaya-, para adoptar medidas frente a esta situación. Hasta aquí, nada inhabitual. Pero lo inédito es que Chávez también advirtió que ponía "en alerta" a las tropas venezolanas y amenazó explícitamente con derrocar un eventual gobierno encabezado por Roberto Micheletti, si éste llegaba a jurar como nuevo Presidente de Honduras.

Observadores hicieron notar que "el fuego no se apaga con bencina", y esgrimir el uso de una fuerza militar extranjera para resolver la crisis institucional hondureña es, cuando menos, tan cuestionable como la misma defenestración militar de Zelaya.

Los demás organismos regionales dan por supuesta (al menos en teoría) la adhesión a la democracia representativa y al orden internacional más o menos estabilizado tras el fin de la Guerra Fría. Pero frente a ALBA, surge la pregunta de cuál es el modelo de sistema político y de integración que ella plantea al resto de los países de la región.

Porque Cuba sigue siendo un país con régimen de partido único, donde la disidencia es perseguida y encarcelada, y no existen las garantías mínimas de una democracia. Asimismo, Venezuela, Bolivia y Ecuador se han embarcado en proyectos refundacionales, a cuyo respecto la opinión discrepante es atacada y sofocada. Y cuando Chávez desacredita a la OEA o a mandatarios de la región que no se alinean con su proyecto, confirma que su visión es excluyente, y no integradora.

Sería esclarecedor que ALBA se definiera por lo que es y no por lo que critica. La riqueza energética de varios de sus miembros -desde el petróleo hasta el litio- podría ser un gran aporte para el futuro de la región si esa entidad adhiriera a un sistema de libertades básicas y respeto del Estado de Derecho. De otro modo, ALBA no presenta ninguna de las ventajas y sí todas las deficiencias de los demás organismos regionales. Peor aún, la conducta de Chávez hace temer que ALBA sea sólo un instrumento para sus aspiraciones hegemónicas y totalitarias.