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Tras claras señales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la necesidad de que Chile adopte un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la discusión ha cobrado fuerza en los medios económicos, políticos y jurídicos, y ya parece claro que su incorporación en la agenda legislativa está decidida.

A diferencia de otros países, en Chile no ha habido un análisis acabado de este tema en sedes académicas. És- te parece un tema algo olvidado por nuestros penalistas, y muchos de los problemas que demandan una decisión al respecto no han sido aún discutidos en nuestro medio. El natural interés por ingresar a la OCDE no debe llevar a omitir una reflexión propia, para no terminar simplemente copiando disposiciones legales de otros países. No pueden eludirse en una apresurada discu- sión legislativa, entre otros, asuntos tales como la com- patibilidad de las sanciones penales con las administrativas (pues las empresas susceptibles de responsabilidad suelen desempeñarse en ámbitos rigurosamente regulados administrativamente); la confluencia de responsabilidades de los ejecutivos o directivos y de la propia per- sona jurídica; el entendimiento de si se trata efectivamente de una responsabilidad propia del ente o de una por acción ajena (de los administradores), para no sancionar varias veces un mismo hecho.

Algunos foros académicos han mostrado interés por trabajar en este tema, pero el análisis no debería abocarse meramente a recopilar experiencia comparada, pues el sistema de responsabilidad que se implemente en Chile debería ser compatible con nuestro sistema de sanciones. Eso supone revisar profundamente cómo compatibilizar este sistema con nuestro principio de culpabilidad, cómo se insertará en nuestro defectuoso sistema de penas -algo muy complejo- y cuáles serán las que podrían recaer sobre esas personas.

También habrá de discutirse qué características deberá tener la persona jurídica para que sea pasible de persecución penal, pues parecería un exceso interven- cionista que cualquier persona jurídica organizada -como un pequeño almacén o incluso una empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.)- sea sus- ceptible de una persecución adicional a la que correspondería a sus administradores.