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El reconocimiento que la autoridad metropolitana ha hecho de que no será posible cumplir las metas de descontaminación planteadas para la región en el año 2011 tiene un mérito claro: aceptar de modo público tal realidad es algo que la ciudadanía ciertamente valora mucho más que la defensa a ultranza de lo indefendible. Por cierto, también revela las equivocaciones cometidas en esta materia y la falta de convicción para profundizar ciertas medidas que se han implementado sólo a medias.

Inicialmente, este plan -que contemplaba la reducción de las emisiones de fuentes fijas y móviles- comenzó de manera relativamente exitosa, pues los índices de contaminación bajaron de forma perceptible hasta el año 2004. Desde ese año, los mejoramientos cesaron, y algunos indicadores incluso se revirtieron.

Una parte de la explicación radica en la drástica disminución de la provisión de gas natural argentino, que afectó la matriz energética industrial y de generación eléctrica, lo que a su vez incidió en la contaminación atmosférica. En esas condiciones, y dado el mayor precio que alcanzaron los combustibles en ese período, la autoridad optó por relajar la estrictez en la fiscalización de las normas de emisión, permitiendo, en la práctica, que esa mayor emisión ocurriese.

Además, las dificultades del Transantiago impidieron lograr las disminuciones que la autoridad esperaba de las fuentes respectivas en los últimos dos años.

Aunque los anteriores puedan ser considerados factores exógenos, no ha habido la convicción necesaria para desarrollar una política que implemente un verdadero mercado de emisiones transables, con incentivos a aquellas empresas que -mediante inversión tecnológica- puedan bajar sus emisiones por debajo de los máximos, para que efectivamente lo hagan así, y obtengan beneficios al vender ese exceso de cumplimiento a otras que no estén en condiciones de invertir.

Esto podría extenderse, igualmente, a transacciones entre los sectores de fuentes fijas y móviles, de modo que esa flexibilidad permita mayores opciones de disminución de contaminantes, con una menor alteración del aparato productivo.

Por otra parte, el establecer normas de emisión unitarias por emisor, sin poner límites totales absolutos, no da cuenta del aumento del parque industrial y automotor asociado, lo que impide que la reducción individual tenga el efecto agregado que se espera.

La prioridad que las autoridades metropolitanas y de gobierno le han dado a este tema ha sido, hasta ahora, insuficiente.