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Chile tiene un problema delictivo muy serio. Los delitos más violentos, como el homicidio, son relativamente poco frecuentes (aunque las estadísticas son deficientes), pero aquellos contra la propiedad muestran tasas de victimización superiores no sólo a los países desarrollados, sino también al resto de los de la región. Por ejemplo, se estima que los robos de accesorios de vehículos ascienden a 100 mil al año -cuatro veces la cifra denunciada-, y su alta frecuencia y costo social han motivado a la Subsecretaría de Carabineros a lanzar una campaña de fomento a la denuncia. A la victimización en hogares (alrededor de 40 por ciento) se suman, además, los robos al comercio: aproximadamente la mitad de los establecimientos comerciales sufren de la comisión de delitos. En los malls , los robos hormiga cometidos por jóvenes en las tres principales cadenas comerciales aumentaron en 63 por ciento durante el primer semestre de 2009 en comparación con 2008. Si además se consideran la violencia intrafamiliar (que tiene tipificación penal propia) y la violencia en las escuelas, se reconfirma que el clamor ciudadano por mayor seguridad no es asunto de manipulación por parte de los medios -como aún sostienen algunos.

Es esperanzador que en el Consejo Consultivo de Fundación Paz Ciudadana los actuales candidatos presidenciales -con excepción de Sebastián Piñera, quien se encontraba fuera del país- hayan puesto de manifiesto que la vieja discusión ideológica en esta materia está dando paso a un reconocimiento del problema real y a una mayor apertura a contenidos técnicos en el debate. Preguntados por sus metas en cuanto a prevención, rehabilitación y reinserción y modernización del Estado en este ámbito, hubo significativos niveles de consenso en la necesidad de perfeccionar el control, pero también en cuanto a impulsar reformas institucionales y procurar más profesionalización y mayores recursos en la prevención en niños y jóvenes, y en la rehabilitación de jóvenes y adultos, al igual que en materia de drogas y de medidas alternativas a la reclusión -estas últimas, dramáticamente ineficientes hoy-. Hubo casi unanimidad respecto de que son insostenibles los actuales programas y organización del Sename y Gendarmería.

En sus propuestas concretas hubo más diferencias y, en numerosos casos, mayor prevalencia de la ideología por sobre el conocimiento técnico. El senador Navarro, por ejemplo, criticó las supuestas excesivas ganancias que los concesionarios de las cárceles estarían obteniendo, y promovió la estatización de estas y otras acciones, pero también destacó la importancia de las asociaciones público-privadas para resolver algunos problemas sociales. Jorge Arrate subrayó la importancia de la comunidad organizada y la necesidad de reflotar programas como la "Promoción Popular", impulsada por el Presidente Frei Montalva en la década de 1960, y eliminar las desigualdades sociales. El senador Zaldívar criticó el egoísmo e individualismo del libre mercado, que sería caldo de cultivo para la delincuencia. El senador Frei expuso las bondades del sistema de protección social creado por la actual administración y que continuaría bajo su eventual nuevo mandato, pero también planteó diversas propuestas técnicas, tales como la evaluación previa de programas. El diputado Enríquez-Ominami criticó el "cuoteo" político en estos temas y la falta de prioridad que reciben, debido a que "ni los jóvenes ni los presos votan", y propuso poner término a la facultad presidencial de indulto -una reforma que este diario ha propugnado por largos años.

En suma, hay un saludable avance de ciertas nociones técnicas en esta área antes básicamente ideológica o intuitiva. En cualquier caso, el gobierno que asuma en 2010 de ningún modo podrá seguir ignorando la realidad delictiva que aflige transversalmente a todos los chilenos.