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Tras la interrupción de la mesa de negociación con el Gobierno, Gendarmería retomó el jueves pasado la paralización nacional, con especial fuerza en algunas regiones. La Región Metropolitana también se sumó, pero con menor intensidad, aunque causando naturales trastornos en el sistema judicial y carcelario.

El quiebre de las negociaciones iniciadas tras el anterior paro ilegal de ese organismo se debe principalmente a las diferencias entre el Ministerio de Justicia y los gendarmes respecto de la situación del grado 26 de la planta de funcionarios -la más baja del escalafón de su personal-. Gendarmería promueve su eliminación o, como segunda opción, sustanciales mejoras económicas. Justicia ha argumentado que si bien el Gobierno está dispuesto a algunos cambios, no se alcanzarían las demandas, que bordean los 400 mil pesos de remuneración para un gendarme recién ingresado.

Los desacuerdos también giraron en torno a la propuesta del Ejecutivo de considerar el mérito en la carrera funcionaria, mediante evaluaciones que condicionarían los ascensos de los funcionarios a criterios de eficiencia y no sólo de antigüedad.

Aunque dos de los cuatro gremios de Gendarmería llegaron a un nuevo acuerdo el viernes, otros dos mantenían el paro hasta el cierre de esta edición, tras lo que el subsecretario de Justicia calificó como "la última oferta".

Este cuadro de sucesivas paralizaciones ratifica que el sistema penitenciario ha llegado a una etapa de crisis permanente. Aunque se inviertan cada vez más recursos o se intente introducir tímidas reformas, Gendarmería requiere una reestructuración completa de su institucionalidad y de sus recursos humanos y técnicos. En teoría, su labor es doble: custodiar a los condenados privados de libertad o sometidos a prisión preventiva, y también trabajar en la reinserción social, para reducir la reincidencia.

La realidad es muy otra. La seguridad en los recintos es precaria, por las condiciones de hacinamiento -50 por ciento en el país-, con constante riesgo de motines o fugas. La rehabilitación y la reinserción social son meramente simbólicas, cuando más, por la insuficiencia de cupos y la escasa capacidad técnica de los pocos programas existentes.

Las fallas estructurales de este sistema son hoy tales, que la única opción realista es una reforma total. "Mesas de negociaciones" como las habidas en esta ocasión u otras anteriores sólo postergan la solución y perpetúan la crisis.