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Al calor de la campaña presidencial, había reflotado la antigua polémica por el indulto concedido en 1995 por el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle al narcotraficante Ángel Vargas Parga, quien había intentado ingresar 500 kilos de cocaína al país, lo que causó gran revuelo. En ese marco, el capellán de Gendarmería propuso aprobar una ley de indulto general con ocasión del Bicentenario, lo que fue acogido por la Iglesia Católica y, en un momento, también por la Presidenta Bachelet. Pero La Moneda y la Mandataria echaron inmediatamente pie atrás, ante el rechazo de la izquierda a indultar a condenados en causas por derechos humanos, y los reparos de otras voces a causa del cuadro delictivo imperante. La polémica se desvió entonces, y hoy se discute con acritud qué categorías de condenados deberían ser excluidas de tal indulto, si lo hubiere.

En todo caso, los criterios a emplear no deben mirar al pasado, sino al futuro. Esto significa, básicamente, resolver qué prioridades se fije el país para lo venidero en cuanto a reconciliación nacional y seguridad pública.

Lo primero alcanza a la situación de los ex militares condenados en procesos por derechos humanos. Lo segundo, a la señal que se daría frente a la delincuencia sin precedentes que se desató en 1990 y que condujo a una sobrepoblación carcelaria muy peligrosa, que todo indica seguirá empeorando, pese a la construcción de nuevos penales -de allí la propuesta del capellán de Gendarmería, que, conocedor del germen de estallido que allí se incuba a ojos vistas, quiere evitarlo con un desahogo de las cárceles mediante este recurso.

Ambos problemas pueden entenderse ajenos a la efeméride del Bicentenario, y quizá convendría no condicionar a éste su tratamiento, pues la inminencia de su fecha, unida al clima de campaña electoral, añade tensión a un análisis que exige serenidad y altura.

En cuanto a los ex militares, la distinción entre mandos y subordinados parece fácil, pero dondequiera se trace la línea del perdón -¿ex sargentos, tenientes, capitanes, coroneles?-, dejará latente el problema respecto de quienes no reciban una generosidad que percibirán como discriminatoria. Y en cuanto a los delincuentes comunes, ¿qué señal se dará a quienes integran las bandas que hoy acosan a la población? ¿Cómo reaccionará ésta ante una masiva liberación de reclusos que distan mucho de estar rehabilitados? Lo anterior, aun si se contemplan causales tales como edad superior a 80 años, "delitos menores" o similares.

Las razones humanitarias, de sobrepoblación y otras que se han invocado son atendibles, pero cada una admite contrarréplicas contundentes de un origen u otro. Pretender zanjar este asunto en una ola de emocionalidad difícilmente puede llevar a buenos resultados.

El enfoque más noble

Dado que el consenso en esta materia parece hoy lejano, tal vez lo más realista sea asumir como punto de partida el enfoque más elevado que se ha escuchado hasta ahora, planteado por el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, capitán (r) de la FACh y ex preso político.

Él ha sostenido que "no debiera excluirse del indulto a ex uniformados por la sola razón de serlo", y que este beneficio "socialmente nos hará bien. ¡No debemos dejar que el resentimiento nos envenene el alma y enferme el cuerpo!". Y añade: "Así como san Alberto Hurtado nos instó a dar hasta que duela, la compasión debiera impulsarnos a perdonar hasta que duela. De no ser así, estamos ante actos vacíos de compromiso personal o social. Además, el indulto implica que previamente ha habido una sanción; por lo tanto, no sería una señal de impunidad". Y concluye que "todo gesto de buena voluntad es fecundo. La iniciativa es buena tanto para quien la recibe (¡y hay que estar años en la cárcel para comprenderlo!) como para quien la otorga".

Si el país efectivamente quiere vincular un gesto de "misericordia" al Bicentenario, ésta es la posición éticamente más meritoria, y en este caso lo es tanto más porque la sostiene quien, comprensiblemente, podría guardar rencores por lo que sufrió en las terribles convulsiones de nuestra sociedad en los años 70.

Tal es el verdadero foco del problema que Chile debe resolver.

Institución que necesita una profunda reforma

En todo caso, este debate ha servido para ratificar la conveniencia de que esta facultad presidencial sea reformada, como la propia Presidenta lo ha sugerido. Recién ahora el país ha sabido que en lo que va corrido de su mandato ella habría concedido 61 indultos, los que, delegados en el ministro de Justicia, ni siquiera estaban en su conocimiento. "Yo no estoy segura si lo he ejercido", dijo hace pocos días. El Presidente Frei, al parecer, concedió 343 indultos, y el Presidente Lagos, 221.

No es razonable que esa facultad siga siendo discrecional ni que se ejerza lejos del escrutinio público -la ciudadanía ignora cuántos indultos se otorgan, cuándo y por qué-. Eso va contra los principios democráticos de transparencia y de responsabilidad pública por los actos de la autoridad. Además, cuando el Jefe del Estado no delega esa facultad, se impone a su conciencia una carga impropia, haciendo que asuma vitales funciones de juzgador, pero sin el soporte institucional del Poder Judicial.