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La Contraloría General ha dictaminado que las juntas de vecinos no pueden participar en campañas políticas ni albergar actos partidistas en sus sedes, de acuerdo con las normas legales que rigen a estos organismos comunales. Su resolución fue duramente criticada por el candidato presidencial del MAS, Alejandro Navarro, quien la calificó como "una mordaza para el pueblo", y el de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien señaló que "quitarles atribuciones a las juntas de vecinos y dejarlas prácticamente como organizaciones de buena voluntad es atentar contra la participación de los chilenos".

Cabe recordar que la ley que las estableció se inició en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en agosto de 1968, y el entonces Presidente señaló en su mensaje al país de mayo de 1969 que con ellas veía realizada una de sus grandes y fundamentales tareas, al "dar al pueblo una estructura jurídica que le permitiera incorporarse efectivamente a la vida activa del país". En esa ley se fijaron las normas regulatorias del trabajo de dichas juntas, para beneficiar a las comunidades.

La utilización política de las juntas de vecinos no está prevista en el ordenamiento legal que las rige, como lo ha representado la Contraloría -y, por tanto, no está permitida, según un principio básico de derecho público-. Sin embargo, en 1992 se propuso un proyecto para establecer una única junta por cada unidad vecinal, iniciativa que enfrentó objeciones de constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional acogió un recurso de la oposición, que defendía la libertad de asociación. En octubre de 1995 entró en vigencia la nueva ley al respecto, N° 19.418, que ha sido modificada en cuatro ocasiones posteriores, pero manteniendo siempre su objetivo original, cual es "promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos, y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades".

Ninguna de tales normas las autoriza a actuar en política partidista. Eso tendría el riesgo obvio de hacerlas derivar a un carácter ideológico, ajeno a los intereses vecinales comunes, transformándolas en cajas de resonancia de los partidos políticos. Así, el reciente dictamen de la Contraloría no hace más que refrendar el espíritu original de la legislación vigente.