La ciudadanía tiene derecho a saber con total precisión qué ocurrió en el caso Mirages. Pero parece difícil que llegue a saberlo, pues una parte decisiva de los registros correspondientes fue, según se ha informado, incinerada. Este hecho, ahora en el marco de la Ley de Acceso a la Información, vigen- te desde abril pasado, ha puesto crudamente de manifiesto las inaceptables deficiencias actuales en la gestión de los documentos públicos en Chile.
El Archivo Nacional -creado en 1927 para almacenar los documentos oficiales y fiscalizar que las 262 reparticiones públicas y los municipios cumplan con remitir la información en los plazos establecidos- oficia a los servicios para que así lo hagan. Sin embargo, el nivel de cumplimiento de esta obligación es extremadamente bajo: sólo seis ministerios tienen sus datos parcialmente al día; hay intendencias que no envían la documentación desde fines del siglo XIX; gobernaciones que no la registran desde mediados del mismo siglo, y los municipios, en general, no remiten las actas de sus consejos durante gran parte del siglo XX. Esto se debe, en gran medida, a que la sanción por el incumplimiento asciende a 10 pesos por día de atraso, la que además debe ser impuesta por el Presidente, lo que se traduce en muy baja aplicación. Pese a lo anterior, el Archivo Nacional alberga actualmente 90 millones de documentos en dependencias que, según su directora, se coparán el año 2011, y que son gestionados por una dotación considerada insuficiente (100 personas).
Pero aun si se incrementara la dotación y se aprobara el proyecto de ley en actual tramitación sobre el Instituto del Patrimonio -que, entre otros, propone crear un archivo por región, lo que podría ser un avance-, una adecuada gestión de la documentación oficial requiere una política más integral y de largo plazo que, a lo menos, defina con mayor claridad qué tipo de información debe ser almacenada; que establezca criterios fundados respecto de la obligación de las distintas reparticiones para archivar y eliminar documentación -hoy son anárquicamente heterogéneas, y el imperio de determinados principios depende de la voluntad del contralor para imponerlos-; que incorpore el estado del arte en las tecnologías para la gestión de archivos y atención al público, y que resuelva cómo afrontar el vacío actual. Avanzar en esta línea requiere definir qué institución (ya existente o nueva) debe asumir esta tarea y ejecutar esta política. Y corregir todo lo anterior con celeridad es indispensable para que, en la práctica, la Ley de Acceso no se transforme en letra muerta, porque la información pública no existe o no está, de hecho, accesible.
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Posteado por: catalina alejandra gómez varas 26/07/2009 10:22 [ N° 1 ] |
¿Seremos tontitos los chilenos? Seguimos esperando que se nos confirme si hubo o no comisiones indebidas en el caso de los Mirage. Cortemos de una vez este asunto, estoy cansada de escuchar tanta tontería al respecto. Desde que Chile es Chile que en casi TODA adquisición del estado ha estado incluído la tajada, en algunos casos de monto razonable, en otros bastante leonina, para los gestores de la operación y algunos otros en la cadena de la operación. Qué Ley de Acceso ni que ocho cuartos. Durante mi extensa vida laboral, tuve la suerte de estar en numerosas oportunidades en situación de conocer más o menos de cerca, sin llegar, afortunadamente, a estar involucrada, en la gestación, tratativas y peripecias varias de un buen número de compras del estado. Y en todas, sin excepción, sobre tacitas de café o té o vasos de cristal cortado con algunos dedos de buen whisky, siempre en apartadas residencias particulares o lugares muy discretos, bien lejos de los despachos en ministerios o importantes reparticiones fiscales, pude presenciar los apretones de manos que sellaron el modus operandi en que se canalizaría la "coima" de algún jugoso negocio. No me vengan con Mirages. Desde los miles y miles de máquinas de escribir Olympia que compraba la DAE en gloriosos años previos a la computación, hasta el reciente pero no tan flamante FACH número uno, el nuevo avión presidencial, incluyeron aristas discretas como el azaroso viaje de cuantiosos fondos por diversas instituciones bancarias del mundo hasta terminar en alguna cuenta "off-shore" identificada solamente con alguna sigla. |
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Posteado por: rodrigo gonzález fernández 26/07/2009 11:49 [ N° 2 ] |
Lo importante es aclarar el porque se ordena la destrucción de documentos a posterioridad. Siempre se ha sabido de los involucrados en el caso Mirage y las jugosas coimas que son "transversales " , todos saben quienes estaban involucrados y sus contactos políticos e institucionales ,fuertemente arraigados en la concertación. Obviamente que quienes sabiendo y conociendo la ley que venía, ordenan la destrucción de documentos que jamás debieron ser destruidos por Seguridad Nacional. Es muy fácil actuar en la impunidad ,usando todo el poder del estado, cobrar comisiones, hacer “repartija” a diestra y siniestra y quedar libre de polvo y paja cuando se sabe que las pruebas serán incineradas. Eso a los ciudadanos nos causa tremenda molestia |
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Posteado por: francisco pi paredes 26/07/2009 15:04 [ N° 3 ] |
Vidal, Vidal...
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Posteado por: Rogelio Blanco T 27/07/2009 11:16 [ N° 4 ] |
"La ciudadanía tiene derecho a saber con total precisión qué ocurrió en el caso Mirages" ¿Desde cuándo se nos respetan nuestros derechos? No se va a determinar quienes fueron los coimeros, y este acto gangteril quedará, junto con el resto de la corrupción de los gobiernos de la concertación, en la oscuridad, el olvido y la impunidad. |
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Posteado por: juan pablo cafena garfe 29/07/2009 11:47 [ N° 5 ] |
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