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En 2005, el Gobierno sometió al Congreso un proyecto de ley sólo para reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional. Obviamente, él no planteaba reestructurar la organización de las Fuerzas Armadas, materia de rango constitucional. Pero tras cuatro años de vaivenes legislativos, ello reemerge ahora, transformado efectivamente en una repentina reforma constitucional, cuyo quicio se desplaza de la citada reorganización administrativa a un cambio sustancial en la cúpula de nuestras instituciones castrenses.

El propósito original de este proyecto era razonable: en casos de guerra o de grave peligro externo para la seguridad nacional, el Presidente de la República podría activar una organización estratégica y operativa del mando militar, entregándolo en su conjunto a uno de los comandantes en jefe; se reagrupaban las actuales subsecretarías en sólo dos, y en reemplazo del actual Estado Mayor de la Defensa se creaba un nuevo Estado Mayor Conjunto, dotado de nuevas atribuciones, cuya jefatura se encomendaba a un general de división, vicealmirante o general de aviación, con dependencia directa del ministro del ramo. Todo eso era, en general, acorde con las necesidades contemporáneas.

Pero ahora, en la comisión competente del Senado se ha aceptado una reforma constitucional para que esta última jefatura sea consagrada en la Carta Fundamental, como una autoridad con rango, características y facultades inéditas en nuestro ordenamiento, en la práctica equivalente a un cuarto comandante en jefe, o incluso bastante más que eso en ciertos aspectos.

Ésta era la aspiración primitiva del Gobierno ya en 2005, y la formulación de entonces era una suerte de transacción para avanzar hacia su logro. En el reciente acuerdo en la comisión, ella se logra plenamente, con la modalidad de que este jefe del nuevo Estado Mayor Conjunto será nombrado por el Presidente de entre los comandantes en jefe en ejercicio; durará dos años en sus funciones, pudiendo ser nombrado para otro período.

Más allá de las prevenciones verbales en contrario, se trata, en realidad, de una jefatura superior común. Hasta ahora, la Comandancia en Jefe era la máxima culminación natural de una carrera castrense, alcanzada la cual su titular podía volcarse por entero, durante un cuadrienio, a realizar su visión del respectivo perfeccionamiento institucional. Ahora, al llegar a esa etapa, ese titular comprensiblemente estará aspirando a alcanzar la jefatura de este nuevo Estado Mayor, y actuando en consecuencia.

Un mismo mando tan elevado y premunido de atribuciones -así como de potenciales motivos de roces interinstitucionales- durante ocho años supera el tiempo que los constituyentes estiman adecuado incluso para la Presidencia de la República. Parece excesivo para instituciones que, en el vertiginoso cambio tecnológico de nuestro tiempo, requieren una constante actualización de enfoques. Estas y muchas otras razones hacen inconveniente esta reforma, que altera completamente la estructura jerárquica militar que hasta ahora ha conocido la República. Ella no debería adoptarse sin un análisis mucho más detenido -no basta una revisión ligera de uno u otro modelo extranjero, con realidades muy distintas-, y ciertamente fuera del turbulento período electoral.