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Una nueva crisis tensa la relación entre Venezuela y Colombia: el gobierno del Presidente Chávez decidió congelar las relaciones con su vecino y retirar a su embajador en Bogotá, e incluso amenazó con expropiar empresas de capitales colombianos. ¿El motivo? Denuncias por el gobierno del Presidente Uribe, según las cuales en octubre del año pasado se descubrieron lanzacohetes suecos -originalmente vendidos a Venezuela en 1988- en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla de este país.

El gobierno de Suecia solicitó explicaciones a Venezuela tras confirmar los números de serie de dichas armas. Sin embargo, todavía no recibe respuesta de Caracas. Y aún están por verse las reacciones de otros 26 países de origen del arsenal de las FARC, según se ha detectado.

Este impasse entre ambos gobiernos no es asunto nuevo. En noviembre de 2007, Uribe decidió marginar a Chávez de las negociaciones para liberar rehenes secuestrados por las FARC, ante lo cual el Mandatario venezolano congeló las relaciones diplomáticas. Y en marzo de 2008, tras el ataque de fuerzas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano -en el que murió "Raúl Reyes", una de sus principales figuras-, Chávez ordenó el cierre de su embajada en Bogotá, y aun el despliegue de tropas en la frontera de ambos países.

En este cuadro, la conducta del gobierno venezolano, lejos de ayudar a resolver esta situación, bloquea cualquier posibilidad de entendimiento entre Bogotá y Caracas, especialmente porque, a la luz de la confirmación sueca, es el gobierno venezolano el llamado a dilucidar lo más rápido posible las incógnitas que plantea la denuncia colombiana.

¿Cómo y cuándo llegaron esas armas a manos de las FARC? ¿Existió o existe algún grado de contacto entre el gobierno de Chávez y la guerrilla colombiana? ¿Qué otras armas pudieron haber desaparecido de los arsenales venezolanos? Éstas son sólo algunas de las preguntas que quedarán sin respuesta mientras Caracas mantenga su hermetismo.

Incluso el diario "The Washington Post", más bien de centroizquierda, en un editorial sobre este mismo tema, se ha preguntado si el Departamento de Estado no debiera incluir al gobierno venezolano en su lista de países que auspician el terrorismo.

Por su parte, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, nuevamente es foco de la atención periodística tras conocerse el contenido de co- rreos electrónicos y videos en los que "Mono Jojoy", otro importante líder militar de las FARC, habla sobre la entrega de 300 mil dólares a la campaña presidencial de aquél en 2006.

Correa respondió de inmediato, exigiendo a las FARC identificar a las personas que supuestamente recibieron dinero o las contactaron en nombre de su campaña electoral, y reiteró su advertencia militar a esa guerrilla: "Yo jamás he enviado un emisario para hablar con ustedes, y jamás lo enviaré". Y añadió: "Si ponen medio pie en nuestro territorio, serán rechazados con toda la potencia de nuestra fuerza pública".

Desde el referido ataque de las fuerzas colombianas al enclave de las FARC en Ecuador, en 2008, los gobiernos de Correa y Uribe mantienen congelados sus vínculos diplomáticos, y ahora se encuentran trabados en una tensa guerra de aranceles, perjudicial para ambos.

En los dos casos, las denuncias colombianas apuntan a eventuales vínculos entre las FARC y gobiernos de países vecinos. Graves acusaciones, que exigen respuesta rápida y concluyente. Versiones de esta especie no sólo enturbian las relaciones entre países vecinos, sino que siembran desconfianza en la región. Baste recordar las diversas versiones sobre vínculos entre las FARC y la Coordinadora Arauco-Malleco, o sobre presuntos nexos chavistas de ésta. En todo caso, el combate a grupos paramilitares como las FARC -vinculadas además con el narcotráfico- debería ser una tarea permanente de todos los gobiernos latinoamericanos, sin distinción política.