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El debate sobre el desempeño de directores de sociedades anónimas y en empresas estatales continúa. El informe de minoría en la comisión investigadora de Enap menciona la falta de informaciones necesarias para el ejercicio de sus cargos y las restricciones en el nombramiento de ejecutivos.

A su vez, en el sector privado se insiste en la obligación de los directivos para informarse y se insinúa un mayor celo a raíz de los cargos presentados por el superintendente de Valores y Seguros en el caso FASA, precisamente, por falta de información en los directorios.

Es sabido que los directores de sociedades anónimas y de las empresas públicas tienen el derecho -y, como contrapartida, la obligación- de informarse para cumplir con la diligencia y cuidado con que deben ejercer sus cargos. La falta de antecedentes los puede llevar a no tomar medidas indispensables, o a adoptar decisiones equivocadas, con responsabilidades personales y patrimoniales por los perjuicios causados a los intereses sociales.

La realidad es que en algunos casos las administraciones y los controladores -privados o estatales- se resisten a entregar la información necesaria a los directores, particularmente a los elegidos por los minoritarios, o bien eluden comunicar los hechos esenciales, o los presentan parcialmente o como situaciones consumadas.

Es probable que esta inaceptable asimetría y falta de transparencia provenga en algunos casos del eventual riesgo de que algunos directores pudieren abusar del derecho a informarse, dilatando o entrabando las decisiones administrativas. Pero el secretismo en esta materia es contrario a nuestra legislación, según la cual todos los directores tienen los mismos derechos y obligaciones, salvo cuando hay conflictos de intereses manifiestos. Desde luego, no corresponde presumir la imprudencia ni la mala fe. Además, se contemplan mecanismos para prevenir y perseguir las responsabilidades por la falta a la reserva o por abusos en conflictos de intereses. En fin, hay regulaciones especiales para proteger la confidencialidad en casos calificados que son de común ocurrencia.

Uno de los problemas es que la información proviene de las administraciones, y éstas a veces son designadas -y pactadas sus condiciones económicas- directamente por los controladores, sin la participación del resto del directorio.

Es correcta la preocupación de las superintendencias por vigilar la transparencia y el cumplimiento del derecho y de la obligación de informarse de los directores en las sociedades abiertas, e incluso en las estatales, que emiten valores que se transan en los mercados.