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Como se analiza con mayor detalle en esta misma página, las evaluaciones comparadas sobre competitividad de las naciones indican que la principal debilidad de Chile es hoy su capital de innovación. Ha alcanzado con éxito etapas de desarrollo basadas en recursos humanos y mano de obra relativamente baratos, y luego en la eficiencia en los procesos de producción, pero el logro de mayores niveles de desarrollo depende ahora de su capacidad de innovar en el diseño de procesos y productos. Esto, a su vez, depende de que el país cuente con una masa suficiente de profesionales con conocimientos y destrezas del más alto nivel.

Además de los sabidos problemas en calidad de la educación y su desconexión del mundo laboral, también debe resolverse el cómo dar un salto cuantitativo y cualitativo en materia de educación superior y de posgrado. Esta clase de formación crea importantes externalidades positivas para la sociedad, por lo que hay buenas razones para financiar con fondos públicos becas de estudios superiores y de posgrado.

Desde el año pasado, el Gobierno intentó ese salto en materia de posgrado: las becas aumentaron 10 veces -de 200 a dos mil anuales-, y su otorgamiento dejó de estar a cargo de Mideplan, que había sido criticado por falta de imparcialidad, y se entregó a Becas Chile, sistema dotado de un comité de ministros, una secretaría ejecutiva y un comité técnico, que debía coordinarse con Conicyt y con un comité asesor creado para este fin. Este diseño resultó inadecuado e insuficiente para evaluar más de cuatro mil 500 postulaciones, lo que llevó a que en agosto pasado renunciara la plana mayor de la secretaría ejecutiva. Además de una gestión deficiente -por ejemplo, en el cumplimiento de algunos plazos-, la falta de claridad en atribuciones y procesos fue el marco para que, sin consulta, el encargado del programa cambiara las ponderaciones de los factores de evaluación, lo que finalmente llevó incluso a la renuncia de la presidenta de Conicyt.

Notoriamente, no ha habido una elaboración suficiente de la política de becas para posgrados ni de los mecanismos para la selección de becarios. Entre otras, quedan abiertas, por ejemplo, preguntas relativas a cómo se integra bien al sistema de educación superior chileno; cuán selectivo o masivo debe ser el programa; si debe existir o no una orientación relativa a qué carreras o programas vale la pena financiar, o si deben o no definirse los planteles extranjeros que merecen recibir estos fondos. Dado el nivel de ingresos de Chile, el fomento de convenios entre las universidades chilenas y planteles internacionales de alto nivel podría ser, quizás, una alternativa más beneficiosa. Y, tal vez, cabría simplificar el procedimiento, aprovechando las capacidades de selección de las mejores universidades del mundo, exigiendo que el postulante esté aceptado en instituciones que ocupen altos lugares en rankings internacionales especializados.

Estos interrogantes deben despejarse, para que la actual política de becas, sin duda bien intencionada y necesaria, no resulte enormemente costosa para Chile.