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La promulgación de la ley que dispone la elección por votación popular de los integrantes de los Consejos Regionales (CORE) de las 15 regiones del país abre interrogantes sobre cómo se administrará el Estado en el futuro. La representación popular de las autoridades regionales les da legitimidad y recibe la aprobación del 72 por ciento de la población, pero por lo parcial de la reforma no queda en claro si la estructura resultante favorecerá el mejor funcionamiento regional.

El esquema propuesto opera sobre la base de que el CORE -órgano político que representará a la ciudadanía regional en el futuro- podrá con autonomía asignar los fondos recibidos del gobierno central, y el intendente pasará a ser un coordinador de los servicios públicos y de las comisiones de trabajo del CORE. La descentralización así lograda es ínfima, pues sigue siendo el gobierno central el que asigna los fondos a las regiones y, además, nombra al intendente, de modo que los eventuales conflictos entre éste y el CORE se resolverán probablemente en favor de quien entrega los fondos. Asimismo, subsiste el sistema de gobernadores provinciales, también nombrados por el Gobierno, y de seremis en cada región para cada una de las diversas carteras ministeriales, quienes preservarán la lógica centralista con que fue diseñada esa estructura. Tal esquema operativo anticipa la mantención de la burocracia, la lentitud en los avances y la dificultad de pensar con autonomía en el largo plazo regional, pues sus ciudadanos seguirán siempre muy dependientes del gobierno central.

Parecería que esta reforma, aunque popular, no cambia en lo sustancial los problemas de la operación actual, e introduce un elemento de conflicto, sin buenos mecanismos para resolverlo. Falta aún una mirada más general respecto de la organización del Estado, que quizás explore otras opciones como, por ejemplo, establecer un grupo más reducido de macrorregiones, con intendentes elegidos, y con mayor autonomía tributaria (esto es, fijación de tasas impositivas regionales), que estimulen o desincentiven las actividades según criterios competitivos que la región adopte. En este tema de tanta trascendencia, las reformas parciales no necesariamente ayudan a lograr los objetivos buscados.