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A menos de 50 días de la elección presidencial -que puede marcar la primera alternancia en el gobierno desde el restablecimiento de la democracia-, los chilenos observan con atención -y cierta aprensión- diversas manifestaciones de la realidad del país y las reacciones del mundo político frente a ellas.

Así, si bien la Presidenta ha reiterado que gobernará hasta el último día de su mandato, sin desatender las promesas que hizo al país, concentra la mayor parte de sus intervenciones públicas y salidas a terreno en fortalecer al candidato presidencial de la Concertación. Los temas más candentes aparecen entregados a ministros que ejercen sus últimos meses como tales, mientras la Mandataria desarrolla una agenda centrada en otras prioridades. Por ejemplo, en la misma mañana en que el Colegio de Profesores -bajo conocido liderazgo comunista- acordó un paro ilegal que compromete el cierre del año escolar de miles de estudiantes si no se le paga una millonaria suma que los tribunales y la Contraloría declaran improcedente, Bachelet se reunió con la cúpula de ese partido en La Moneda, para reiterar su compromiso y el del candidato de la Concertación de modificar el sistema electoral, para permitir la llegada de parlamentarios comunistas al Congreso. Apenas 48 horas después, se hizo efectivo el paro nacional del profesorado que hoy afecta a miles de familias chilenas.

En forma casi simultánea se desarrolló el paro de advertencia de los empleados fiscales para presionar por la ampliación de las plantas de la administración pública, para incorporar a cerca de 80 mil funcionarios que representarían, según la ANEF, el 50 por ciento de los trabajadores fiscales y que hoy son contratados a plazo fijo anualmente. El ministro de Hacienda criticó que esa acción se desarrollara en medio de las conversaciones para el reajuste del sector público, pero no se escuchó una voz superior frente a una acción de fuerza que, como bien señaló Velasco, "afecta el servicio que recibe la gente y no se justifica".

En otro plano, la Corte Suprema ofició al Senado sobre las deficiencias de la Ley Penal Adolescente de 2007 que dificultan su aplicación y eficacia. Son materias complejas, algunas de las cuales van a contracorriente de la opinión pública, por lo que su impulso requiere liderazgo, y sin un compromiso firme del Ejecutivo, que fija las prioridades legislativas, es difícil que esas modificaciones se lleven a cabo. Si la Presidenta se involucra, su capital político sin duda amortiguará los conflictos laborales en el sector público y docente, e impulsará los perfeccionamientos que plantea la Corte.