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Nuevamente han surgido reclamos contra el abandono en que se encuentran algunos tramos contiguos a las autopistas, y se polemiza sobre quiénes deben asumir la responsabilidad de solucionar tal situación. Según los presidentes de las comisiones de Transportes y Ornato de la Asociación Chilena de Municipalidades, las empresas concesionarias deben hacerse socialmente responsables y asumir los gastos necesarios para erradicar la suciedad, reemplazar las señales del tránsito deterioradas, reparar las rejas en mal estado y controlar los abandonados terrenos aledaños a las vías camineras, que se transforman en refugio de delincuentes y focos de inseguridad para los vecinos. Según el coordinador de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, al término de los trabajos a cargo de las concesionarias, las caleteras, áreas verdes y luminarias quedaron bajo la total responsabilidad y tutela de los municipios.

Así, los actores involucrados en este tema se imputan recíprocamente la responsabilidad sobre el cuidado de las áreas circundantes a las autopistas. Por eso, resulta necesario reexaminar el detallado reglamento que rige las concesiones, que estipula las normas para la conservación de las obras en óptimas condiciones de uso, su fiscalización, las sanciones y multas por infracciones, los servicios básicos y complementarios que se deben otorgar, sus especificaciones, su evaluación y las inversiones comprometidas. Sus disposiciones parecen fijar con claridad las obligaciones que corresponden tanto a las concesionarias como al MOP, que debe supervisar el cumplimiento de las mismas.

En la práctica, sin embargo, se evidencian áreas de responsabilidad difusa, como ésta, y la actual no es la primera oportunidad en que se ha planteado este problema. En 2006, el MOP había anunciado que, mediante licitaciones, realizaría varias obras para mejorar los estándares en diversas autopistas y erradicar las deficiencias existentes. Pero eso no obsta a las obligaciones que competen a las concesionarias según las bases de las licitaciones respectivas, que incluyen, entre otras, el mantenimiento de áreas verdes, sistemas de riego y segregación entre vías locales y expresas mediante vallas.

Al parecer, las municipalidades, las concesionarias y el MOP tienen argumentos a lo menos parcialmente válidos que esgrimir en este caso, por lo que quizás cabría recabar un pronunciamiento de la Contraloría que determine con precisión qué responsabilidades corresponden a cada parte.